Reabren proceso a indígenas en caso Andoas. Desde las 8:30 de la mañana del miércoles 27 de abril la Corte Suprema de Justicia iniciará un nuevo juicio oral a los veintiún indígenas de las etnias Achuar y Kichwa, por los hechos ocurridos en Andoas en marzo de 2008 durante el conflicto entre la empresa Pluspetrol y comunidades nativas.
En esa ocasión las comunidades Nuevo Andoas, Los Jardines, El Porvenir, Titiyacu, 12 de Octubre y Nueva Jerusalén, protestaron contra la empresa petrolera tomando el aeropuerto de la Pluspetrol.
La policía persiguió a los manifestantes hasta sus comunidades e incluso efectuó disparos sobre las viviendas. En una situación confusa murió el suboficial de la Policía Nacional Jaime Reyna Ruiz.
Los principales líderes indígenas fueron detenidos y posteriormente encarcelados por los delitos de homicidio calificado, disturbios, violencia y resistencia a la autoridad, robo agravado, lesiones graves y tenencia ilegal de armas calificado.
Luego de algunos meses en la cárcel e incluso algunos estuvieron más de un año, los procesados fueron absueltos el 10 de diciembre de 2010 por la segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Loreto a cargo del Vocal Carlos del Piélago.
Sin embargo, en julio de 2010, el Fiscal Supremo, Pablo Sánchez, solicitó a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que el juzgamiento y absolución de 21 procesados indígenas por el caso Andoas, sea declarado nulo y se proceda a realizar un nuevo juicio oral.
José Fachín Ruiz, joven dirigente indígena del pueblo kichwa, expresó al diario La Región su preocupación por las dificultades que tienen él y sus compañeros para viajar a Lima donde se desarrollará el proceso.
“Hemos conseguido pasajes solo para cinco personas y el resto tendrá que quedarse en Iquitos. Estamos preocupados por esta insistencia de la empresa Pluspetrol de encausar a nuestros hermanos indígenas a pesar que ya se demostró la inocencia de cada uno de ellos”, declaró.
Uno de los más comprometidos es Saulo Sánchez, a quien la fiscalía sindica como el autor del disparo que acabó con la vida del suboficial PNP, Jaime Reyna Ruiz.
Posición de AIDESEP
La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) pidió a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia confirmar la sentencia absolutoria de la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Loreto.
Asimismo, recomendó a la empresa Pluspetrol “que, en lugar de dedicar sus esfuerzos en encarcelar y perseguir a los que protestan exigiendo derechos, se sienten en una mesa de diálogo para resolver la deuda social con las comunidades nativas”.
Las comunidades que habitan dentro del lote 1-AB de la Pluspetrol Norte en las cuencas de los río Pastaza, Tigre y Corrientes, sufren 40 años de impactos e impunidad por la actividad petrolera, y la población vive y muere “ante la indiferencia y abandono del Estado en la mayor tragedia ambiental de la amazonía”.
Cuando las comunidades ejercen su derecho al reclamo, la protesta y la movilización los dirigentes son detenidos, torturados, encarcelados y luego sometidos a interminables procesos penales, señala Aidesep en un comunicado.
La protesta en marzo de 2008 fue para exigir una mesa de diálogo en la que tanto la empresa, el Estado y las comunidades aborden los conflictos y concierten mecanismos de solución. Pero la respuesta del Estado fue la represión.
Los indígenas procesados afrontan un largo proceso penal con trece meses de investigación judicial y ocho meses de juzgamiento y en el juicio se acreditó que los dirigentes fueron torturados en las instalaciones de la Empresa Pluspetrol por comandos de la División de Operaciones Especiales (DINOES).
Aidesep destaca que la protesta indígena fue pacífica y, que los hechos de violencia se suscitan cuando la fuerzas de orden arremeten contra mujeres y niños en el aeródromo de la empresa. En los descargos se supo que los agentes policiales fueron repelidos por sujetos ajenos a las comunidades.
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