La ex fiscal encargada del Caso de los sucesos ocurridos el 5 de junio en la Curva del Diablo y actual titular de la Segunda Fiscalía Provincial Mixta de Chachapoyas, Luz Rojas Méndez, recibió más de 60 amenazas de muerte de personas anónimas que llamaron a su teléfono celular.
Así lo afirmó nerviosa la propia integrante del Ministerio Público y agregó que el hecho fue dado a conocer a la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional y a sus jefes superiores.
“Las amenazas se vienen produciendo desde que yo ordené la investigación en relación a los hechos del 5 de junio. Han sido más constantes, más fuertes. En realidad no es con motivo de la formalización de denuncia, sino con motivos de haber ordenado inicialmente la investigación”, manifestó Méndez.
“Sin embargo, estos hechos son cada vez más, tornándose más osados y peligrosos, por cuanto no sólo se limitan a hacer llamadas telefónicas amenazantes, sino a mandar pasquines a mi domicilio y a mi centro de trabajo, con excremento humano. No se trata de una sola persona, sino de un conjunto de personas que han ideado este tipo de acciones con la finalidad de alterar mi estado emocional”, agregó.
La magistrada dijo que simplemente cumplió con su deber al iniciar una investigación en relación al desalojo de los nativos que habían ocupado la Curva del Diablo, el 5 de junio pasado, donde murieron 34 personas, entre pobladores nativos y policías.
Indicó que al parecer la DIRINCRI ha identificado a una persona como posible autor de las llamadas intimidatorias. Dijo tener conocimiento de que se trataría de un grupo de personas y que entre ellas habría una anciana fémina.
“(He recibido) mensajes de texto: ‘te vamos a matar’, ‘vas a morir’. Yo ya no contesto las llamadas, solo una o dos veces y el resto pasan ya como llamadas perdidas. (…) Yo me remito a Telefónica del Perú para que saque todas las llamadas desconocidas o anónimas”, señaló.
La Coordinadora Nacional de Radio informó que la Fiscalía Superior solicitó resguardo para ella y refirió que tendrá que formalizar individualmente la petición de garantías, pues a la fecha “no se le ha brindado protección”.
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