Decisión fiscal evidencia voluntad de no investigar y dejar en la impunidad delito de lesa humanidad
La justicia cerró sus puertas a las más de dos mil mujeres que entre los años 1990 y el 2000 fueron esterilizadas contra su voluntad como parte de una política pública aplicada por el gobierno de Alberto Fujimori en las gestiones de los ministros de Salud Eduardo Yong, Marino Costa Bauer, Alejandro Aguinaga y Jorge Parra. Para el Ministerio Público no configuró delito de lesa humanidad y por lo tanto prescribió, archivando definitivamente la denuncia dejando impunes a los funcionarios comprometidos, contrariamente a los estándares internacionales de derechos humanos.
La notificación respectiva se entregó esta mañana a Demus, estudio para la defensa de los derechos de la mujer, institución que junto a Aprodeh, Cejil, CLADEM y CDR representó ante la justicia internacional a Mamérita Mestanza, quien murió en 1998 como consecuencia de la infección generalizada provocada por la esterilización forzada.
En el 2003 se logró un acuerdo de Solución Amistosa entre el Estado y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que implicó la reparación económica al viudo e hijos de Mamérita Mestanza –cumplida parcialmente- y el compromiso de investigar y sancionar a los responsables de la política pública violatoria de los derechos humanos de las mujeres, todas pobres y de zonas rurales y urbanas periféricas.
Justamente en el mes de noviembre último se realizó una audiencia entre autoridades del Estado peruano y la CIDH para evaluar el cumplimiento del Acuerdo donde la presidenta del organismo Luz Patricia Mejía le demandó cumplir con la investigación y sanción a los responsables.
Pese a ello la Fiscalía Superior Penal a cargo de Jorge Luis Cortez Pineda confirmó el rechazo a la queja interpuesta en mayo de este año por Demus contra la decisión del fiscal Jaime Schwarts quien archivó el expediente aduciendo falta de pruebas y prescripción del delito. Ahora, el acceso a justicia y reparación para las más de dos mil mujeres queda totalmente bloqueado en el sistema peruano.
Demus anunció que recurrirá a la justicia internacional junto con organizaciones de derechos humanos, víctimas y familiares para denunciar la impunidad en torno a este caso. “La esterilización forzada es un delito de lesa humanidad, una grave violación a los derechos humanos. Con su decisión, el Ministerio Público le está diciendo al país que puede haber impunidad cuando una política pública violenta a las mujeres, lo que no podemos permitir”, María Ysabel Cedano responsable de la línea jurídica.
Llamó también la atención sobre el carácter discriminatorio de las decisiones que en materia de justicia se adoptan en el país, pues si bien se condenó a Alberto Fujimori –cuya sentencia está próxima a ratificarse- por los crímenes de Barrios Altos y la Cantuta, no se le investigó por las esterilizaciones forzadas que afectaron a miles de mujeres peruanas. “Para este sistema, estos hechos no ameritan investigación”.
Demus indicó que se han realizado los esfuerzos por identificar a 150 mujeres inmersas en el proceso quienes en estos días están tomando conocimiento del archivo de la denuncia y siendo convocadas a la conferencia de prensa que se realizará este lunes 14 a las 11am en el local de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
La justicia cerró sus puertas a las más de dos mil mujeres que entre los años 1990 y el 2000 fueron esterilizadas contra su voluntad como parte de una política pública aplicada por el gobierno de Alberto Fujimori en las gestiones de los ministros de Salud Eduardo Yong, Marino Costa Bauer, Alejandro Aguinaga y Jorge Parra. Para el Ministerio Público no configuró delito de lesa humanidad y por lo tanto prescribió, archivando definitivamente la denuncia dejando impunes a los funcionarios comprometidos, contrariamente a los estándares internacionales de derechos humanos.La notificación respectiva se entregó esta mañana a Demus, estudio para la defensa de los derechos de la mujer, institución que junto a Aprodeh, Cejil, CLADEM y CDR representó ante la justicia internacional a Mamérita Mestanza, quien murió en 1998 como consecuencia de la infección generalizada provocada por la esterilización forzada.
En el 2003 se logró un acuerdo de Solución Amistosa entre el Estado y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que implicó la reparación económica al viudo e hijos de Mamérita Mestanza –cumplida parcialmente- y el compromiso de investigar y sancionar a los responsables de la política pública violatoria de los derechos humanos de las mujeres, todas pobres y de zonas rurales y urbanas periféricas.
Justamente en el mes de noviembre último se realizó una audiencia entre autoridades del Estado peruano y la CIDH para evaluar el cumplimiento del Acuerdo donde la presidenta del organismo Luz Patricia Mejía le demandó cumplir con la investigación y sanción a los responsables.
Pese a ello la Fiscalía Superior Penal a cargo de Jorge Luis Cortez Pineda confirmó el rechazo a la queja interpuesta en mayo de este año por Demus contra la decisión del fiscal Jaime Schwarts quien archivó el expediente aduciendo falta de pruebas y prescripción del delito. Ahora, el acceso a justicia y reparación para las más de dos mil mujeres queda totalmente bloqueado en el sistema peruano.
Demus anunció que recurrirá a la justicia internacional junto con organizaciones de derechos humanos, víctimas y familiares para denunciar la impunidad en torno a este caso. “La esterilización forzada es un delito de lesa humanidad, una grave violación a los derechos humanos. Con su decisión, el Ministerio Público le está diciendo al país que puede haber impunidad cuando una política pública violenta a las mujeres, lo que no podemos permitir”, María Ysabel Cedano responsable de la línea jurídica.
Llamó también la atención sobre el carácter discriminatorio de las decisiones que en materia de justicia se adoptan en el país, pues si bien se condenó a Alberto Fujimori –cuya sentencia está próxima a ratificarse- por los crímenes de Barrios Altos y la Cantuta, no se le investigó por las esterilizaciones forzadas que afectaron a miles de mujeres peruanas. “Para este sistema, estos hechos no ameritan investigación”.
Demus indicó que se han realizado los esfuerzos por identificar a 150 mujeres inmersas en el proceso quienes en estos días están tomando conocimiento del archivo de la denuncia y siendo convocadas a la conferencia de prensa que se realizará este lunes 14 a las 11am en el local de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
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