Cuando 24 niños cusqueños murieron por culpa de la empresa Bayer
Fueron 24 niños cusqueños los que murieron entre el dolor y la incompresión de sentir en sus cuerpos los efectos del pesticida metil-paratión servido en un desayuno escolar, en octubre de 1999. Luego de diez años, la justicia continúa esquiva para dictaminar este caso cuyas pruebas apuntan a dos culpables: el Estado y la empresa Bayer.
Nuevamente, por enésima vez, Victoriano Huarayo Torres, representante de los deudos y que perdió dos hijos en este lamentable suceso, retorna al Cusco con la indignación expresada en su rostro: ni el Congreso ni el Poder Judicial muestran interés en castigar a los responsables.
Hoy, viernes, que infructuosamente no pudo concretar una conferencia de prensa en la Sala Mohme del Congreso junto a la Red de Acción en Agricultura Alternativa (RAAA), porque ningún congresista mostró disposición para acompañarlo, repite sin cansancio su demanda:
- Que el Pleno del Congreso apruebe de inmediato el Informe Tauccamarca, elaborado por una Subcomisión que recomienda sanciones para los responsables.
- Que el Séptimo Juzgado de Lima resuelva la demanda.
- Que el Gobierno cumpla con su ofrecimiento de indemnizar a los familiares por la muerte de los niños.
- Que se sancione a la empresa Bayer por no haber retirado del mercado el parathion, a pesar que ya estaba prohibido.
- Que el Gobierno apoye con asistencia técnica y proyectos de desarrollo a la comunidad de Tauccamarca, que se encuentra en situación de extrema pobreza.
- Que se prohíba el comercio y uso de los plaguicidas de la categoría extremada y altamente tóxicos que se venden en el mercado libremente con etiqueta roja.
Son responsables
El Informe de la Subcomisión encargada de investigar este caso, que presidió el parlamentario Alcides Llique Ventura, refiere que los niños enfermaron después de ingerir el desayuno escolar contaminado con el pesticida organofosforado metil-paratión, proporcionado por el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (Foncodes).
El informe concluye que existe responsabilidades administrativas e indicios penales de instituciones como el Ministerio de Agricultura, Ministerio de Educación, Ministro de la Presidencia, FONCODES, Ministro de Salud y la Empresa Bayer, así como los miembros de la comisión de alto nivel.
En noviembre de 2003, el congresista Llique Ventura envió una carta al Consejo Directivo del Congreso solicitando que priorice la atención de este caso, para su debate en el Pleno. Desde esa fecha no se tiene conocimiento del destino de este informe.
Erika Rosenthal, quien siguió este caso, escribió en un artículo que “grandes cantidades del pesticida se vendían bajo el nombre de Folidol a pequeños agricultores de toda la región andina de Perú, la gran mayoría de ellos analfabetos y hablantes de quechua solamente”.
“Bayer empaquetaba el pesticida, un polvo blanco semejante a la leche en polvo y sin olor a químico, en pequeñas bolsas plásticas, etiquetadas en español y con un dibujo de vegetales. Las etiquetas no ofrecían información de seguridad, como pictogramas, para la mayoría de los usuarios de las aldeas, y presentaban escasas advertencias sobre la peligrosidad del producto” señala Rosenthal.
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