«Los marinos han llegado pues, los conozco al que me quemó era de la Marina… Sí pues, me echó gasolina... agarró tres galones de gasolina y me echó a mi cuerpo, lo prendió primerito, primer palito de fósforo no quiso prender, sacas o te quemo; no tengo le decía, yo no tengo retrocarga, porque lloras me dice; tú tienes, no tenía pues de dónde voy a sacar, entonces me quemó pues».
Indalecio Pomatanta, palabras ante el noticiero Primera Plana, antes de su muerte.
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, presidida por el vocal Robinson Gonzales, anuló la sentencia de la Sala Penal Nacional que condenó en enero pasado a 20 años de prisión al oficial de Marina Andrés Egocheaga por su participación como autor en el cruel asesinato del adolescente Indalecio Pomatanta, de 17 años de edad, quien fue detenido, torturado, rociado con gasolina y quemado vivo el 2 de abril de 1995 en el brutal “interrogatorio” al que fue sometido por la patrulla al mando de dicho marino.
Esta reciente decisión de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema es doblemente lamentable porque se trae abajo un proceso que tardó más de 14 años en alcanzar sentencia para el mayor responsable del asesinato, prolongando una intolerable situación de impunidad, y porque se trata de un asesinato en agravio de un adolescente que, poco antes de morir, alcanzó a dar su testimonio e identificó a sus asesinos ante las cámaras de la televisión nacional. No obstante ello, la decisión de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema pretende ahora otorgar valor a las declaraciones realizadas en un proceso nulo –el seguido ante la justicia militar– para sostener que hay contradicciones que no permiten concluir que Egocheaga haya participado en los hechos.
La CNDDHH, organismo que agrupa a 67 organizaciones de defensa y protección de los derechos humanos en nuestro país, manifiesta ante la opinión publica su decidido rechazo a esta decisión de la Sala presidida por el vocal Robinson Gonzales, porque mantiene la impunidad de quien ya había sido encontrado culpable con las debidas pruebas por la Sala Penal Nacional, lo que significa un nuevo y grave retroceso de la justicia peruana en desmedro de la protección de los derechos más elementales de las personas.
Exigimos al Poder Judicial hacer justicia a la familia de Indalecio Pomatanta sancionando a los autores de su muerte. No es admisible que, 14 años después de ocurridos los hechos, no se condene a los asesinos, a pesar de haber sido identificados por la propia víctima. Por ello solicitamos a la Sala Penal Nacional iniciar un nuevo proceso conforme a lo mandado por la Corte Suprema, que en un plazo razonable y con las garantías de ley sancione a los asesinos, y en primer lugar a Andrés Egocheaga, el mayor responsable del crimen.
Sólo haciendo justicia a las víctimas de hechos execrables como el sufrido por el adolescente Indalecio Pomatanta podremos lograr la verdadera reconciliación que anhela nuestro país
Fuente Coordinadora nacional de Derechos Humanos
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