Durante el gobierno de Alan García los extranjeros sentenciados por
tráfico ilícito de drogas que estaban recluidos en penales de nuestro
país fueron los más beneficiados. Una ley promovida por el Ejecutivo les
permitió a los reos foráneos no pagar la reparación civil que le debían
al Estado a cambio de que cumplan sus condenas en sus países de origen.
En 2008, la entonces ministra de Justicia, Rosario Fernández, se
presentó ante la Comisión de Justicia del Congreso para explicar un
proyecto de ley para realizar dos modificaciones al Código Procesal
Penal relacionadas con el traslado de 1094 presos extranjeros a sus
países de origen. El objetivo, según el gobierno de García, era
deshacinar las cárceles peruanas.
Durante su presentación en el Parlamento, Fernández explicó que de los
1094 presos con condena, 985 tenían sentencia por tráfico ilícito de
drogas, y de estos, el 80% eran burriers. La entonces titular de
Justicia planteó como uno de los principales problemas para enviarlos a
su país a cumplir sus condenas el pago de la reparación civil.
“Esta propuesta normativa implica, según las estadísticas y la
realidad, el destino de aproximadamente 1094 internos y está motivada
básicamente por el hecho de que uno de los principales obstáculos que
tienen los sentenciados extranjeros para formular su solicitud de
traslado e ir a cumplir la pena en sus propios países es el pago de la
reparación civil”, manifestó en aquella oportunidad.
Argumentó que “en una rápida operación de costo-beneficio resulta para
el Estado muchísimo más oneroso mantener a este interno durante largos
años que lo que tiene como expectativa, y en la mayoría de los casos
improbable de cumplirse, es decir, cobrar esa reparación civil porque la
mayoría de estos ciudadanos no tienen bienes en el país”.
En otras palabras, según Fernández, al Estado le iba a salir más caro
mantener a un reo extranjero en nuestro país y por eso era preferible
repatriarlo con la condición de que no se le cobre la reparación civil
porque, según ella, estos no tenían cómo pagar la misma.
Los integrantes de la Comisión de Justicia de ese entonces discutieron
la propuesta del gobierno de García y, en un primer momento, no
aceptaron perdonarle al reo foráneo su deuda con el Perú porque, según
ellos, era discriminatorio. Sin embargo, luego se mostraron de acuerdo
con la medida y la aprobaron.
En diciembre de 2008, el pleno del Congreso, presidido en ese entonces
por el aprista Javier Velásquez Quesquén, votó sin mayor debate a favor
del proyecto presentado por la ministra Fernández. Es decir, el gobierno
logró que se eliminara el pago de reparación civil para reos
extranjeros porque, supuestamente, iban a ser repatriados.
¿POR QUÉ SE LES CONMUTÓ?
Según el programa “#EsNoticia”, en noviembre de 2008 el gobierno
mexicano le solicitó a nuestro país, a través de su embajada en Lima, la
repatriación de 16 mexicanos condenados por tráfico ilícito de drogas
que cumplían condena en cárceles peruanas.
Cabe precisar que el pedido del gobierno de México se produjo cuando el
proyecto de ley impulsado por la ministra de Justicia, Rosario
Fernández, estaba siendo debatido en el Congreso.
Lo que llama la atención es que al menos a dos de los 16 mexicanos que
eran requeridos por el gobierno de su país se les conmutó la pena antes
de que fueran enviados a sus países. Ese fue el caso de Jorge Luis Mata
Salazar y Pedro Gerardo Díaz Fuentes, a quienes primero se les rebajó la
condena y luego se les envió a México.
Mata Salazar había sido condenado a 13 años de prisión por el delito de
tráfico ilícito de drogas. Alan García firmó una resolución
reduciéndole la pena a solo cuatro años, quedando libre en julio de
2010. Se presume que salió en libertad en México.
Díaz Fuentes, el otro mexicano, también había sido sentenciado a 13
años de prisión por el mismo delito y el gobierno aprista le redujo su
pena a solo seis años y seis meses. Recién en diciembre de 2010, es
decir, dos años después de haber sido requerido por su país, fue
repatriado.
SOSPECHOSO
Para el presidente de la Megacomisión, Sergio Tejada, no era necesario
que el gobierno de Alan García le redujera la condena a reos extranjeros
porque la ley promovida por la ministra Rosario Fernández les permitía
enviarlos a su país a que cumplan su pena completa.
“Si había algún tipo de convenio, si había una repatriación para que
cumplan su pena en su país, ¿por qué conmutarles la pena? ¿Por qué no
dejar que cumplan efectivamente su pena allá?”, se pregunta el
congresista de Gana Perú.
A la procuradora antidrogas, Sonia Medina, también le causa extrañeza
lo ocurrido durante el régimen de García. “Yo creo que aquí ha habido
incoherencia entre las políticas públicas que de alguna manera se dan en
su momento. Si existe ya un convenio de repatriación de extranjeros y
estas son solicitadas de manera expresa, estas simplemente se cumplen y
se dan”, manifestó.
De otro lado, el reportaje también reveló que tres extranjeros (un
colombiano, un israelí y un español) que fueron repatriados por el
gobierno aprista volvieron a delinquir en nuestro país. Todos fueron
capturados por la policía cuando intentaban enviar droga al extranjero.
Fuente: Diario 16
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