Guatemala: Genocida al banquillo

La justicia de Guatemala ordenó hoy procesar por delitos de genocidio y crímenes de guerra al exdictador José Efraín Ríos Montt, aunque lo benefició con "arresto domiciliario" debido a su avanzada edad.


La jueza Carol Patricia Flores, titular del Juzgado Primero de Mayor Riesgo, a petición de la defensa del militar retirado, ordenó "arresto domiciliario en su propio domicilio con la custodia de agentes de la Policía Nacional Civil", y le limitó su libertad de locomoción hasta que concluya el proceso en su contra.
Flores fijó a la Fiscalía un plazo de dos meses para que concluya su investigación y reúna todas las pruebas, luego del cual decidirá la fecha para el inicio del juicio en contra del militar retirado.

La jueza también le impuso a Ríos Montt una fianza de 500.000 quetzales (unos 62.000 dólares) para garantizar que no evadirá la justicia, y le prohibió mantener cualquier tipo de comunicación con las personas que se encuentran ligadas al mismo proceso por el que será enjuiciado.

Flores consideró que "no existe peligro de fuga" de parte del sindicado, debido a que se presentó de forma voluntaria para colaborar con el esclarecimiento de los señalamientos que pesaban en su contra al día siguiente de haber perdido la inmunidad de que gozaba como legislador.

"Existe la valentía de haberse presentado y someterse al proceso penal días antes de perder la inmunidad", señaló la jueza, quien agregó que el exmilitar cumplirá 86 años en junio próximo, y que "según las expectativas de vida de nuestro país" en caso de ser hallado culpable no podrá purgar las penas que contempla la ley por los delitos de los que se le acusa.
La legislación guatemalteca contempla penas de 30 a 50 años de prisión por el delito de genocidio, y de 20 a 30 años por el de crímenes contra la humanidad.
La Fiscalía de Derechos Humanos acusó a Ríos Montt de haber diseñado, ordenado y dirigido los planes contra-insurgentes ejecutados por el Ejército durante los 17 meses que estuvo al frente del Gobierno en contra de la población indígena Ixil, en el norteño departamento de Quiché.

Según las evidencias presentadas por la Fiscalía, la fuerza armada, atendiendo las ordenes del alto mando militar, realizó al menos once matanzas en las que fueron ejecutados unos 1.171 indígenas, además de más de un millar de violaciones sexuales en contra de mujeres menores de edad.
"Sin las órdenes de Ríos Montt no se hubiera podido ejecutar el acto de genocidio", aseguró el fiscal que, como prueba, entregó dos discos que incluyen vídeos, 4.261 folios y 84 testimonios de supervivientes de las masacres perpetradas en esa época.

La letrada ordenó iniciar proceso penal en contra del ex Jefe de Estado de facto por los delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad al considerar que existen suficientes elementos probatorios de su responsabilidad en esos hechos.
Ríos Montt, quien gobernó de facto Guatemala entre agosto de 1982 y marzo de 1983, compareció hoy ante Flores para escuchar las acusaciones que en su contra argumentó la Fiscalía, pero se abstuvo de declarar respecto a las mismas cuando la jueza le concedió la oportunidad.

"Comprendo perfectamente. Prefiero guardar silencio", dijo el militar retirado cuando la jueza Flores le preguntó si quería pronunciarse sobre los delitos que le imputa la Fiscalía de Derechos Humanos.

"Considero que existen indicios racionales de criminalidad por su posible participación en los hechos que el Ministerio Público le atribuyó al inicio de la presente audiencia", indicó Flores.
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