La justicia de Guatemala ordenó hoy procesar por delitos de genocidio y
crímenes de guerra al exdictador José Efraín Ríos Montt, aunque lo
benefició con "arresto domiciliario" debido a su avanzada edad.
La jueza Carol Patricia Flores, titular del Juzgado Primero de Mayor
Riesgo, a petición de la defensa del militar retirado, ordenó "arresto
domiciliario en su propio domicilio con la custodia de agentes de la
Policía Nacional Civil", y le limitó su libertad de locomoción hasta que
concluya el proceso en su contra.
Flores fijó a la Fiscalía un
plazo de dos meses para que concluya su investigación y reúna todas las
pruebas, luego del cual decidirá la fecha para el inicio del juicio en
contra del militar retirado.
La jueza también le impuso a Ríos
Montt una fianza de 500.000 quetzales (unos 62.000 dólares) para
garantizar que no evadirá la justicia, y le prohibió mantener cualquier
tipo de comunicación con las personas que se encuentran ligadas al mismo
proceso por el que será enjuiciado.
Flores consideró que "no
existe peligro de fuga" de parte del sindicado, debido a que se presentó
de forma voluntaria para colaborar con el esclarecimiento de los
señalamientos que pesaban en su contra al día siguiente de haber perdido
la inmunidad de que gozaba como legislador.
"Existe la valentía
de haberse presentado y someterse al proceso penal días antes de perder
la inmunidad", señaló la jueza, quien agregó que el exmilitar cumplirá
86 años en junio próximo, y que "según las expectativas de vida de
nuestro país" en caso de ser hallado culpable no podrá purgar las penas
que contempla la ley por los delitos de los que se le acusa.
La
legislación guatemalteca contempla penas de 30 a 50 años de prisión por
el delito de genocidio, y de 20 a 30 años por el de crímenes contra la
humanidad.
La Fiscalía de Derechos Humanos acusó a Ríos Montt de
haber diseñado, ordenado y dirigido los planes contra-insurgentes
ejecutados por el Ejército durante los 17 meses que estuvo al frente del
Gobierno en contra de la población indígena Ixil, en el norteño
departamento de Quiché.
Según las evidencias presentadas por la
Fiscalía, la fuerza armada, atendiendo las ordenes del alto mando
militar, realizó al menos once matanzas en las que fueron ejecutados
unos 1.171 indígenas, además de más de un millar de violaciones sexuales
en contra de mujeres menores de edad.
"Sin las órdenes de Ríos
Montt no se hubiera podido ejecutar el acto de genocidio", aseguró el
fiscal que, como prueba, entregó dos discos que incluyen vídeos, 4.261
folios y 84 testimonios de supervivientes de las masacres perpetradas en
esa época.
La letrada ordenó iniciar proceso penal en contra del
ex Jefe de Estado de facto por los delitos de genocidio y crímenes de
lesa humanidad al considerar que existen suficientes elementos
probatorios de su responsabilidad en esos hechos.
Ríos Montt,
quien gobernó de facto Guatemala entre agosto de 1982 y marzo de 1983,
compareció hoy ante Flores para escuchar las acusaciones que en su
contra argumentó la Fiscalía, pero se abstuvo de declarar respecto a las
mismas cuando la jueza le concedió la oportunidad.
"Comprendo
perfectamente. Prefiero guardar silencio", dijo el militar retirado
cuando la jueza Flores le preguntó si quería pronunciarse sobre los
delitos que le imputa la Fiscalía de Derechos Humanos.
"Considero
que existen indicios racionales de criminalidad por su posible
participación en los hechos que el Ministerio Público le atribuyó al
inicio de la presente audiencia", indicó Flores.
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