La Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó este miércoles una
serie de recomendaciones destinadas a mejorar el funcionamiento de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (OEA), pero varias ONG
advirtieron que la intención velada es restringir sus atribuciones.
Las
recomendaciones contenidas en un documento elaborado durante seis meses
por un grupo de trabajo para el "fortalecimiento" del sistema
interamericano -integrado por la CIDH y la Corte Interamericana-, fueron
aprobadas por consenso por los 34 países activos de la OEA en una
reunión en Washington.
Esta discusión se produce en momentos en
que varios países, como Ecuador, Perú y Brasil, entre otros, han
promovido modificaciones de la CIDH, para a su juicio afinar su campo de
acción, pero que ONG afirman son reacciones a decisiones de la Comisión
que los han incomodado.
Las recomendaciones, no vinculantes, se
centran en promover la universalidad del sistema, ya que algunos países
aún no firman instrumentos regionales de derechos humanos, aumentar los
fondos de la CIDH e impulsar su solución amistosa de conflictos y su
promoción de los derechos humanos.
Pero también piden restringir
los criterios para otorgar medidas cautelares, modificar el informe
anual en el cual la Comisión evalúa a los países de la región y eliminar
la financiación externa de su relatoría de la libertad de expresión y
su propio informe anual.
Se busca una CIDH "más sólida, rigurosa e
universal" de la que "todos los estados podamos sentirnos orgullosos y
seguros y con renovada confianza en ella", dijo María Isabel Salvador,
representante de Ecuador, país que endureció su tono contra la Comisión
luego de sus críticas a una condena por injuria contra tres directivos y
un ex editor de opinión del diario El Universo.
Pero numerosas
organizaciones de derechos humanos se han unido en criticar la
iniciativa de la OEA, que a su juicio busca poner límites a la CIDH.
"Algunas
de las iniciativas están marcadas por un interés en limitar la
capacidad de acción de la CIDH y la efectividad de algunas de sus
herramientas fundamentales", señaló a periodistas la directora ejecutiva
del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Viviana
Krsticevic.
CEJIL y otras 59 organizaciones emitieron este martes
un documento en el que dejaron sentados sus temores, y en el que
advierten que "no se puede soslayar que la creación del grupo (de
trabajo) se da en una coyuntura en la que diversos gobiernos
democráticos han cuestionado la efectividad" del sistema.
Durante
el debate, Estados Unidos, México, Panamá, Chile, Costa Rica y Canadá,
subrayaron la no vinculación de las recomendaciones, pero otros países,
como Colombia, Brasil, Ecuador y Uruguay dejaron claro que desean que
este tema sea elevado a los cancilleres para que los cambios se vuelvan
realidad.
"Es esencial que la comisión sea capaz de ofrecer una
respuesta adecuada a esta nueva realidad por medio de actuaciones cada
vez más transparentes", dijo Marcio Fagundes do Nascimento,
representante de Brasil, país que retiró desde hace meses su embajador
en protesta por las críticas de la CIDH a la construcción de la
megarepresa Belo Monte.
"Estados Unidos cree que ninguna de estas
recomendaciones debe ser implementada en una manera que debilite al
sistema", contestó la embajadora de ese país, Carmen Lomellin.
La
presidenta de la CIDH, Dinah Shelton, quien asistió al debate de seis
horas, afirmó a periodistas que la Comisión "se toma muy en serio" las
recomendaciones, pero reiteró que "no son vinculantes (...) y las
interpretaremos de una manera consistente con nuestros mandatos
legales".
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza,
evaluó como positivo el documento aprobado este miércoles, porque
permite hacer una evaluación de la CIDH, creada hace medio siglo.
"Estas
cosas se pueden mirar de buena fe o de mala fe", aseveró Insulza, quien
debe entregar en unos meses un informe del avance en la aplicación de
las recomendaciones.
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