Por Javier Ugaz *
Cuando la aymara María Choque Limachi (60) falleció tras el impacto
de los gases lacrimógenos mientras participaba de un paro en contra de
la concesión minera Santa Ana, en el distrito de Huacullani, Chucuito,
región Puno, en abril de 2011, sabía desde muchos años antes que su
deber era acudir al llamado de las autoridades comunales.
Problemas como la contaminación minera, la depredación del ecosistema
y la reducción de sus tierras para la actividad agropecuaria no son
ajenos a los pobladores de la zona. En cada una de sus protestas
públicas subyace el “vivir bien con respeto a sus decisiones”.
Quién como ellos para graficar las jornadas de lucha de abril, mayo y
junio de 2011 en rechazo de lo que no quieren para sus territorios y
exigiendo que el Estado acepte su propuesta y visión de desarrollo
sustentable y su derecho a la libre determinación.
Conforman muchas comunidades campesinas distribuidas en la zona sur
del departamento de Puno, pero también están en las ciudades y en otros
departamentos, como Moquegua, Tacna, Arequipa y Lima, congregados bajo
una multiplicidad de asociaciones de carácter comercial, social,
deportivo, folklórico, etc.
Los aymaras constituyen un pueblo indígena u originario por habitar
la tierra que pisan desde antes que existiera el Perú como país, por
haberla heredado de sus ancestros, por hablar con orgullo y sapiencia su
propia lengua autóctona, por conservar múltiples instituciones que las
identifica como pueblo y, fundamentalmente, por autoidentificarse como
aymaras, se encuentren donde se encuentren o hagan lo que hagan.
Con esas referencias, el pedido de la Unión de Comunidades Aymaras
(UNCA) para participar en la Comisión Multisectorial encargada de
elaborar el reglamento de la Ley de Consulta Previa a los Pueblos
Indígenas, a nombre del pueblo aymara, es auténtico y legítimo.
Las actuales organizaciones indígenas nacionales que integran la
comisión tienen indiscutible representatividad, y con el despliegue de
sus bases, llegan a cubrir casi todo el territorio indígena del país.
No obstante, para el caso aymara, dichas organizaciones solo las
representan en parte, por ser o bien comunidades campesinas o bien
comunidades afectadas por la minería o bien organizaciones de mujeres
andinas. Pero, ¿quién representa al Pueblo Aymara en la Comisión
Multisectorial?, ¿acaso no se estará evadiendo el derecho de cada pueblo
a su representación e identidad?
La UNCA es una de las organizaciones más antiguas defendiendo la
identidad indígena, fundada en 1987. No solo es la organización
nacional –puede haber sido también local- más representativa de la
población aymara, con bases en el territorio aymara de Puno además de
Moquegua y Tacna, sino que en el último año ha cumplido sobrada
actividad que demuestra su vitalidad y presencia en el movimiento social
del país.
En marzo llevaron a cabo su 6º Congreso eleccionario, y a fines de
noviembre convocó y celebró con éxito la Segunda Asamblea del Parlamento
Aymara que congregó a diversos sectores y expresiones orgánicas, más
allá de la propia UNCA. Y para este año tienen previsto realizar la
tercera asamblea del Parlamento Aymara en Huancané, y la siguiente en
Tacna.
No se tiene claro quién se opondría a que UNCA se incorpore en la
comisión mencionada, pero lo que queda en evidencia es que las entidades
promotoras de la Comisión cometieron una omisión al no convocarlas en
su momento.
Por otro lado, UNCA debe sincerar su posición respecto de la propia
Ley 29785 de Consulta Previa y de su proceso de reglamentación. El
rechazo a la ley y al reglamento proviene en parte por no haber sido
partícipes de su elaboración. El Estado y las organizaciones indígenas
están a tiempo de corregir esta omisión.
El video acerca del encuentro en noviembre de 2011 es ilustrativo de
las expresiones de un pueblo autónomo que defiende su derecho a ser
respetado.
* Javier Ugaz es periodista redactor de Servindi.
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