Por Miguel Palacín Quispe
Las
movilizaciones en defensa de los derechos de las comunidades contra la
imposición y los impactos de la minería se multiplican en todo el Perú:
en las regiones de Cajamarca, Ancash y Apurímac los conflictos se
agudizan. Y solo cuando estos estallan el gobierno llama al diálogo,
pero advirtiendo que “los contratos serán respetados”. ¿Y los derechos no se respetarán? ¿Dónde está entonces la “gran transformación” respecto de gobiernos anteriores?
Los problemas con la minería, que constituyen la mayor parte de los
conflictos sociales en el Perú, continúan. Las minas se instalan en las
cabeceras de cuenca, afectan las actividades de subsistencia de los
pueblos indígenas (agricultura, ganadería). Desde la dictadura de
Alberto Fujimori (1992-2000), los gobiernos sucesivamente han otorgado
todas las facilidades a la inversión minera, lo que se ha traducido en
impactos ambientales y sociales, daños a la salud, despojo de
territorios, etc.
Los pueblos votaron y le dieron el triunfo
al actual gobierno porque éste prometió revisar los temas mineros. En un
mitin de campaña en Bambamarca (región Cajamarca, donde el proyecto
minero Conga ha despertado un rechazo generalizado), el 2 de mayo del
2011, el hoy presidente Ollanta Humala dijo textualmente: “Yo me
comprometo a respetar la voluntad de Bambamarca y Hualgayoc con respecto
a la minería. Se va a respetar las actividades de la agricultura, la
ganadería, el agua para todos los peruanos…”.
Pero ahora el
Presidente de su Consejo de Ministros, Salomón Lerner Ghitis, dice que
el proyecto minero Conga está aprobado y solo se va a dialogar con la
población. Es decir, sigue la misma práctica de los gobiernos
anteriores: se espera que estalle el conflicto y se dialoga, pero la
imposición continúa, acompañada de la represión.
Los
conflictos de Cajamarca, Ancash y Apurímac se suman a tantos otros
latentes que ya han ocasionado muertes, procesos judiciales,
persecuciones, torturas, amenazas…
Ninguno de los proyectos
mineros causantes de estos conflictos ha sido sometido a la consulta de
las comunidades afectadas, como lo ordena el Convenio 169 de la OIT del
cual el Perú es Estado parte. Por tanto, todos son ilegales. Deben
revisarse todas y cada una de las concesiones mineras otorgadas y
someterlas a consulta. Para eso no hace falta una ley o un reglamento,
el Convenio 169 es de cumplimiento obligatorio por sí mismo, porque
tiene fuerza constitucional.
El nuevo gobierno está en la
obligación de revisar todos los contratos y concesiones relacionados con
la minería. Tiene que cumplir con su palabra. De lo contrario, su
consigna de “gran transformación” (e incluso la de “inclusión social”)
será solo un discurso hueco más. Y los pueblos están cansados de tantos y
tantos años de promesas incumplidas…
Lima, 10 de noviembre del 2011
Miguel Palacín Quispe
Coordinador General CAOI
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