La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) sugirió que el Poder Ejecutivo designe prontamente una Comisión Multisectorial de Alto Nivel, que integre a todos los sectores involucrados y a los representantes de las organizaciones indígenas “para fortalecer la institucionalidad indígena en el Estado” y establecer mecanismos para implementar la Ley de Consulta.
Mediante un comunicado suscrito por el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la CNDDHH consideró “de necesidad prioritaria el funcionamiento de dicha comisión” dado los plazos reducidos.
Luego de saludar la promulgación de la ley citada la CNDDHH señaló que el Estado “debe estar preparado para el momento de su aplicación efectiva” e iniciar de la mejor manera la consolidación de “una etapa de reconocimiento de los derechos de un sector de la ciudadanía largamente postergada”.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos es un colectivo de instituciones de la sociedad civil que trabajan en la defensa, promoción, educación y difusión de los derechos humanos en el Perú desde 1985.
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Coordinadora Nacional de Derechos Humanios saluda promulgación de la Ley de Consulta Previa y considera prioritario consensuar su implementación con los pueblos indígenas
El Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos saluda la promulgación por parte del Poder Ejecutivo de la Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios, reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la cual abre una nueva posibilidad de entendimiento y dialogo intercultural entre el Estado y los Pueblos Indígenas.
Consideramos que la Ley aprobada, afirma un derecho reconocido por el Estado Peruano que se encontraba vigente desde 1995 con el Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Este importante derecho busca asegurar que los pueblos indígenas decidan sus prioridades de desarrollo, frente a medidas que pudieran afectarlos.
Si bien las obligaciones del Estado respecto a los Pueblos Indígenas no se agotan con el mencionado Derecho a la Consulta; es importante el gesto político de establecer disposiciones de derecho interno que ayuden a su implementación. Este gesto político debe verse confirmado con la inclusión de los Pueblos Indígenas en la etapa de implementación de la norma y con la ejecución de procesos de consulta acordes a lo establecido en la Ley del Derecho a la Consulta Previa y a las obligaciones derivadas del Derecho Internacional.
Con miras a establecer y garantizar la implementación de los Derechos de los Pueblos Indígenas y, de manera específica, del Derecho a la Consulta, creemos necesario sugerir que el Poder Ejecutivo designe prontamente una Comisión Multisectorial de Alto Nivel, que integre a todos los sectores involucrados y a los representantes de las organizaciones indígenas. Esto servirá para fortalecer la institucionalidad indígena en el Estado y establecer mecanismos para la implementación y pronta aplicación de la Ley.
Por lo demás, es de necesidad prioritaria el funcionamiento de dicha comisión, ya que, según lo establecido en la propia ley, tiene plazos reducidos. El Estado debe estar preparado para el momento de su aplicación efectiva. De esta manera, se iniciará de mejor manera la consolidación de una etapa de reconocimiento de los derechos de un sector de la ciudadanía largamente postergada.
Lima, 08 de setiembre de 2011
Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la CNDDHH
Mediante un comunicado suscrito por el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la CNDDHH consideró “de necesidad prioritaria el funcionamiento de dicha comisión” dado los plazos reducidos.
Luego de saludar la promulgación de la ley citada la CNDDHH señaló que el Estado “debe estar preparado para el momento de su aplicación efectiva” e iniciar de la mejor manera la consolidación de “una etapa de reconocimiento de los derechos de un sector de la ciudadanía largamente postergada”.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos es un colectivo de instituciones de la sociedad civil que trabajan en la defensa, promoción, educación y difusión de los derechos humanos en el Perú desde 1985.
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Coordinadora Nacional de Derechos Humanios saluda promulgación de la Ley de Consulta Previa y considera prioritario consensuar su implementación con los pueblos indígenas
El Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos saluda la promulgación por parte del Poder Ejecutivo de la Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios, reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la cual abre una nueva posibilidad de entendimiento y dialogo intercultural entre el Estado y los Pueblos Indígenas.
Consideramos que la Ley aprobada, afirma un derecho reconocido por el Estado Peruano que se encontraba vigente desde 1995 con el Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Este importante derecho busca asegurar que los pueblos indígenas decidan sus prioridades de desarrollo, frente a medidas que pudieran afectarlos.
Si bien las obligaciones del Estado respecto a los Pueblos Indígenas no se agotan con el mencionado Derecho a la Consulta; es importante el gesto político de establecer disposiciones de derecho interno que ayuden a su implementación. Este gesto político debe verse confirmado con la inclusión de los Pueblos Indígenas en la etapa de implementación de la norma y con la ejecución de procesos de consulta acordes a lo establecido en la Ley del Derecho a la Consulta Previa y a las obligaciones derivadas del Derecho Internacional.
Con miras a establecer y garantizar la implementación de los Derechos de los Pueblos Indígenas y, de manera específica, del Derecho a la Consulta, creemos necesario sugerir que el Poder Ejecutivo designe prontamente una Comisión Multisectorial de Alto Nivel, que integre a todos los sectores involucrados y a los representantes de las organizaciones indígenas. Esto servirá para fortalecer la institucionalidad indígena en el Estado y establecer mecanismos para la implementación y pronta aplicación de la Ley.
Por lo demás, es de necesidad prioritaria el funcionamiento de dicha comisión, ya que, según lo establecido en la propia ley, tiene plazos reducidos. El Estado debe estar preparado para el momento de su aplicación efectiva. De esta manera, se iniciará de mejor manera la consolidación de una etapa de reconocimiento de los derechos de un sector de la ciudadanía largamente postergada.
Lima, 08 de setiembre de 2011
Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la CNDDHH
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