La Red Muqui propuso hoy una agenda mínima, que aborde los aspectos sociales, ambientales y económicos pendientes que están detrás de las numerosas protestas ciudadanas que se han registrado en los últimos meses.
La Red Muqui, que está constituida por una amplia articulación de asociaciones civiles, sostiene que el adecuado tratamiento de dicha agenda permitiría modificar el escenario actual y “construir un nuevo contrato social y ambiental” sobre las actividades extractivas.
En el nuevo escenario la minería asumiría un “nuevo rol”, en el marco de un “desarrollo sostenible e inclusivo, respetuoso de los derechos de las poblaciones y comunidades vecinas a los proyectos u operaciones mineras”.
Entre los lineamientos de políticas públicas propuestos está recuperar capacidad de regulación pública, contar con una verdadera autoridad ambiental, ordenar el uso del territorio y efectuar cambios sustantivos en la política de concesiones y en la Ley Minera.
Asimismo, promulgar la ley de consulta previa a los pueblos indígenas, aprobada por el Congreso de la República en mayo del 2010, a fin de que se permita implementar plenamente el Convenio 169 de la OIT, vigente desde 1995, y que fue suscrito por el Perú en 1994.
También se propone una reforma tributaria y fiscal que permita un reparto equitativo de la renta minera entre empresas y Estado y abordar como política de Estado la problemática de la minería informal, artesanal y en pequeña escala.
Finalmente, se plantea invertir en la reconversión y diversificación productiva de las zonas dedicadas a la minería, con actividades que promuevan el desarrollo sostenible y sean respetuosas del ambiente, las fuentes de agua, los lugares con valor religioso y cultural y los recursos naturales.
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La Red Muqui le propone al país…
Una agenda mínima para encarar los conflictos mineros
En los últimos meses, los conflictos en torno a la minería no han cesado de aumentar, ejemplos de ello son: Tía María en la provincia arequipeña de Islay; Chugur en Cajamarca y los enfrentamientos en la Cordillera del Cóndor en la frontera con Ecuador; la paralización en Apurímac en el entorno del proyecto Las Bambas y el paro en Puno contra el proyecto Santa Ana y la política de concesiones mineras.Frente a este contexto es urgente que el país defina una agenda mínima, que aborde los aspectos sociales, ambientales y económicos pendientes que están detrás de las numerosas protestas ciudadanas que se han registrado. La Red Muqui propone los siguientes lineamientos de políticas públicas para superar esta situación de conflictividad y afectación de derechos de poblaciones enteras:
El país necesita recuperar capacidad de regulación pública. El Estado peruano debe asumir su rol y representar legítimamente el interés público, protegiendo los derechos al desarrollo de todos los peruanos y peruanas.
En materia ambiental, necesitamos contar con una verdadera autoridad que tenga autonomía, capacidades, competencias, recursos y decisión política. Esta nueva autoridad ambiental debe impulsar una gestión transectorial, que evalúe con independencia los estudios de impacto ambiental; que revise los límites de emisión y los estándares de calidad ambiental; que fortalezca la fiscalización, la descentralice e que interactúe con las autoridades regionales y locales.
Igualmente es urgente ordenar el uso del territorio, discutir en serio dónde sí y dónde no conviene que se desarrollen actividades extractivas. Para ello se debe implementar una política de ordenamiento territorial (OT) y aprobar la normatividad correspondiente que le dé a los planes de OT un carácter obligatorio para toda medida o acto del sector público y privado; respetando las atribuciones de los Gobiernos Regionales y Locales.
Compartimos la demanda de producir cambios sustantivos en la política de concesiones y en la Ley Minera, que se han convertido en fuente permanente de conflictos. Desde Lima se concesiona gran parte del país, sin ningún tipo de interacción y consulta con las instancias regionales y locales, menos aun, con las poblaciones y comunidades, y sin considerar los procesos económicos y de planificación territorial de las regiones.
Se necesita promulgar la ley de consulta previa a los pueblos indígenas, aprobada por el Congreso de la República en mayo del 2010, a fin de que se permita implementar plenamente el Convenio 169 de la OIT, vigente desde 1995, y que fue suscrito por el Perú en 1994.
Se requiere realizar una reforma tributaria y fiscal que permita un reparto equitativo de la renta minera entre empresas y Estado. Ello supone la eliminación del óbolo minero, la incorporación del impuesto a las sobreganancias, el incremento y la obligatoriedad de las regalías, la creación de impuestos ambientales para los contaminadores, entre otras posibilidades.
Se debe abordar como política de Estado la problemática de la minería informal, artesanal y en pequeña escala, que ante la falta de otras oportunidades de trabajo se viene expandiendo por casi todas las regiones del país, generando en un gran número de casos, impactos sociales y ambientales negativos, explotación de trabajo infantil y graves problemas de salud pública.
Los excedentes generados por la minería deben reorientarse a otras actividades productivas, generadoras de empleo intensivo que potencien el mercado interno, y a la mejora de servicios sociales y ambientales. Es necesario invertir en la reconversión y diversificación productiva de las zonas dedicadas a la minería, con actividades que promuevan el desarrollo sostenible y sean respetuosas del ambiente, las fuentes de agua, los lugares con valor religioso y cultural y los recursos naturales.
Esta agenda mínima permitiría modificar el escenario actual y apuntar a Construir un nuevo contrato social y ambiental en torno a las actividades extractivas, que otorgue un nuevo rol a la minería dentro de un desarrollo sostenible e inclusivo, respetuoso de los derechos de las poblaciones y comunidades vecinas a los proyectos u operaciones mineras.
Lima, 01 de junio de 2011
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