Entrevista realizada por Emma Gascó y Martín Cúneo
Carlos Rivera fue uno de los seis abogados que el 7 de abril de 2009 consiguieron que el presidente Alberto Fujimori fuera condenado a 25 años de cárcel por violaciones de los derechos humanos. Versión completa de la entrevista.
- ¿Por qué el régimen de Alberto Fujimori es definido como una dictadura?
Con el autogolpe de Estado de 1992 Fujimori cerró el orden constitucional. Esa misma noche expulsó a los miembros de la Corte Suprema, destituyó al fiscal de la Nación, expulsó a los miembros del Tribunal de Garantías Constitucionales y a la semana ya había sustituido a todos los jueces por gente que sabía que iba a jugar un papel a favor del régimen.
Ya en el año ‘92 estaba en marcha un plan de corrupción sistemática, de apropiación de fondos públicos destinados a la compra de medios de comunicación, jueces, fiscales, para ocultar no sólo el hecho de haber roto el orden constitucional sino para tapar los crímenes que habían estado cometiendo desde antes del golpe de Estado.
La semana pasada el periodista Gustavo Gorriti reveló un hecho fundamental: cómo Fujimori hizo su primer millón de dólares. Recién electo Fujimori viajó a Japón a pedir donaciones para hacer colegios en Perú. Todo eso fue a sus cuentas personales. No es que la corrupción empiece en el año ‘92, como se ha sostenido, Fujimori llega con un plan criminal en el ‘90. En el juicio se vio muy claramente cómo Fujimori fue repartiendo cargos pensando en cómo iba a organizar una suerte de organización ilícita en el interior del Estado.
- ¿Se puede decir que la corrupción era la finalidad y no el efecto secundario?
Yo creo que sí. En el juicio se vio muy claro. La corrupción comienza en el momento en que Fujimori gana esa segunda vuelta y traza un plan criminal con Montesinos. Hay dos bases centrales en este plan criminal, una es la promoción de Vladimiro Montesinos, que con el tiempo se vuelve decisiva en la conducción del Estado, no solamente en las Fuerzas Armadas. La segunda base es la familia de Fujimori, que va desde los hermanos, las hermanas, los cuñados, todos son parte de una suerte de red bastante bien organizada destinada a sustraer de manera sistemática los recursos del Estado.
- Keiko se presenta ahora con un equipo de Gobierno similar al de su padre.
Yo, más que similar, diría que es el mismo equipo de Gobierno que el de su padre. Ellos dicen que es un nuevo fujimorismo, pero creo que es en realidad una suerte de regreso de los muertos vivientes. Toda la plana mayor del fujimorismo, los golpistas del ‘92, son los que han vuelto. Uno de los más importantes es Jaime Yoshiyama, una pieza clave en el golpe de Estado y de la consolidación del golpe en los años siguientes.
Las principales defensoras de Fujimori en materia de crímenes contra los derechos humanos, que eran Marta Chávez, Luz Salgado, Carmen Lozada, han vuelto y, por lo menos dos de ellas, ya son nuevamente congresistas. Inclusive el publicista principal de Fujimori, Edgardo Borobio, es el que de alguna manera le hace la campaña a a la hija de Fujimori.
Keiko empezó una campaña diciendo que ella se distanciaba, que ella es diferente, que no obstaculizará la justicia… Pero en la última semana hay por lo menos tres hechos públicos en los que ella aplaude a su papá y dice que ha sido el mejor Gobierno de la historia. Hay un retorno, con mucha fuerza, a los ‘90. Y hay una asunción de que todo lo que se hizo fue bueno. No hay ninguna autocrítica. Es la mejor evidencia de que quien conduce todo esto es nuevamente Alberto Fujimori.
- ¿Qué consecuencias tendría la elección de Keiko para los juicios de los derechos humanos?
Sería un desastre. Lo que no nos deja de extrañar es que esto ocurra no después de 50 años, sino de una década. Todo está muy fresco. Hay muchos casos que todavía no han terminado. Sólo Fujimori acaba de cumplir dos años de la sentencia principal que se le aplicó. Todo está bastante fresco en la memoria, pero creo que, desgraciadamente, no de todos los peruanos.
No hay una autocrítica en el fujimorismo, Keiko sigue defendiendo que su papá es inocente y Rafael Rey, la persona que intentó desde el Gobierno de Alan García liquidar todos los casos, se presenta como vicepresidente. Si alguien quiere saber cuál sería la política de derechos humanos de un Gobierno de Keiko simplemente tiene que revisar el curriculum de varios miembros de la plancha presidencial o de los principales voceros del fujimorismo.
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