Reclaman cuerpos de las víctimas de El Frontón


Padres presentan hábeas corpus contra el presidente García. Padres presentan hábeas corpus contra el presidente García. Después de 10 años de iniciadas las investigaciones de la matanza de 1986 esperan poder enterrar a sus hijos.

César Romero C.

Después de casi 25 años siguen buscando los cuerpos de sus hijos. Los padres de los presos por terrorismo muertos en la matanza de la isla penal El Frontón, el 18 y 19 de junio de 1986, presentaron tres demandas de hábeas corpus para exigir al Estado peruano que les entregue los cuerpos de sus familiares para darles sepultura.

Las demandas fueron presentadas por Elviro Aponte, padre de Juan Aponte Silva, Saturnina Prada, madre de Óscar Chullunguy Prada y Lourdes Heredia, madre de José Zaire Heredia. Los hábeas corpus están dirigidos contra el presidente Alan García y la jueza del 1er. Juzgado Supraprovincial, María León.

En el debelamiento del motín del penal El Frontón, durante el primer gobierno de García Pérez, fallecieron 124 internos por terrorismo. La mayor parte de los restos permanecen en bolsas plásticas, mezclados unos con otros, en el Instituto de Medicina Legal a la espera de su identificación, y otros aún estarían sepultados en una fosa clandestina.

Desde que el 2001 se reabrió la investigación, las autoridades no han explicado con claridad por qué los cuerpos no son entregados a sus familiares, aunque podría tratarse de un tema de identificación e individualización de los restos.

Por eso, los familiares han planteado las demandas de hábeas corpus. “Mi familia seguirá reclamando hasta obtener justicia, aún después de 25 años guardo una esperanza de que mi hijo esté vivo, pero si no es así quiero recuperar su cuerpo para poder llorarlo y enterrarlo”, dice Aponte Silva.

Argumentos

Sentencias. Los hábeas corpus, presentados con el asesoramiento de la Asociación Americana de Juristas, rama del Perú, se sustentan en sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional peruano.

Obligación. La Corte IDH indicó que el Perú está obligado a identificar los restos de las víctimas y entregarlos a sus familiares. En tanto, el TC definió que la negativa a entregar los restos afecta la integridad moral de los familiares.

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