por Herbert Mujica Rojas
El viernes 8 de los corrientes, el Frente de Defensa de la Bahía y el Desarrollo Integral de Ancón
sacó un comunicado en El Comercio y en sus líneas principales, dice:
“Con la oposición de pescadores, comercianes, residentes y autoridades de Ancón, el Grupo Romero ha presentado al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para construir su megapuerto en el medio de la Bahía de Ancón.
¿Por qué es inconveniente?
Porque arruinará uno de los pocos espacios naturales que le quedan a Lima que crece y se respeta, restringiendo su uso como lugar de recreo para decenas de miles de familias.
¿Por qué acusamos al Grupo Romero de falta de transparencia?
Porque sus funcionarios han azuzado el enfrentamiento entre vecinos, inventando organizaciones de base fantasma.
Porque han introducido empleados suyos como funcionarios públicos para emitir informes oficiales a su favor sin sustento técnico.
Porque han jugado con las necesidades de miles de familias, generando en ellos falsas expectativas usando una demagogia altamente cuestionable.
….Finalmente, el Instituto del Mar del Perú-IMARPE, señala lo siguiente:
“…..el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) debió contemplar una evaluación con información de por lo menos dos estaciones, verano e invierno; la primera de las mencionadas que no se realizó, tiene mucha injerencia en las actividades que se ejecutan en esta zona en la temporada de verano por su cercanía al balneario de Ancón….
Finalmente el estudio no ha empleado una metodología apropiada con estándares internacionales que permita tener una estructura estacional de monitoreo de los parámetros físico químicos y biológicos para la Línea de Base”. (Oficio PCD-300.85-2011-PRODUCE/IMP del 18-2-2011.)
Dos días antes en el mismo diario El Comercio, un numeroso, al menos en el papel y relación publicada, grupo de asentamientos humanos, organizaciones distritales, comedores populares, vasos de leche y otras organizaciones y bajo el título: Rechazamos campaña de desinformación en contra del puerto de Ancón, emitió un extenso comunicado que tiene como columna vertebral el siguiente párrafo:
“Creemos que esta historia trunca no se debe repetir, por lo que apelando a su objetividad y, conociendo los compromisos de cuidado ambiental que Santa Sofía Puertos ha prometido, le solicitamos su apoyo para que este proyecto se haga realidad”.
Inocultable la filiación y parentesco entre Santa Sofía Puertos y el Grupo Romero.
No hay una sola línea en el comunicado de los allegados al Grupo Romero que desmienta, refute o desacredite con fundamento el acusador dictamen emitido por IMARPE.
Tal pareciera que los poderosos han aprendido, también, a hacer “trabajo de base” y a “organizar la defensa de sus intereses por encima de cualquier otro reclamo”.
Consultado sobre el particular Nino Contavalli, experto vinculado al movimiento naviero, comercialización, explotación y medio ambiente, desde hace décadas, expresó:
“Debo hacer notar un asunto que pasa más o menos desapercibido: en Islay el pueblo protesta, con el lamentable saldo de tres muertos civiles, contra el proyecto Tía María de Southern ¡precisamente esgrimiendo las dificultades señaladas en el Estudio de Impacto Ambiental tal como en este caso de Ancón! ¿Qué cosa quiere el Grupo Romero, muertos de por medio, abuso de las poblaciones, “abaratamiento” de los costos y violación flagrante de los derechos humanos de los pobladores de Ancón a vivir tranquilamente? Santa Sofía Puertos es el mismo grupo que se adueñó, años atrás, por una cifra ridícula, del puerto de Matarani* en Mollendo, Arequipa y ahora pretende hacer lo propio en Ancón y para favorecer a una empresa minera que necesita no gastar tanto en el transporte de sus minerales para llevarlos al Callao y entonces, se construye su propio puerto en Ancón. Es el colmo. El país no puede admitir más muertes que siempre son del pueblo y por el abuso de poderosos así se llamen el Grupo Romero. De ninguna manera”, afirmó enérgico.
Este gobierno saliente, el del señor Alan García Pérez NO puede, bajo ningún punto de vista, tomar una decisión que compete a la próxima administración. Y eso es lo razonable, las prisas de Santa Sofía Puertos y sus maniobras publicitarias no están por encima del derecho de los pueblos a proteger y pelear por la integridad amenazada del medio ambiente.
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