Un total de 194 atentados se cometieron contra periodistas, fotoperiodistas y reporteros peruanos en el 2010 (casi uno cada 48 horas) de acuerdo con el balance preparado por la Oficina de Derechos Humanos del Periodista (OFIP) de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), presentado por la secretaria general Zuliana Lainez Otero.
La agresión física y verbal encabezan los atentados con 87 casos. Le siguen la amenaza y hostigamiento (46), así como la presión jurídica (26). También han ocurrido 15 presiones administrativas, 11 trabas al ejercicio de la profesión periodística, cinco detenciones arbitrarias, tres daños a la propiedad y una traba a la circulación de la información.
En su mayoría, los atentados los cometieron civiles (89), seguido por funcionarios civiles (63); policías/militares y/o serenos (27), además de 15 agresiones perpetradas por elementos no identificados.
De ese total, fueron blanco de atentados 157 varones; 26 mujeres y 11 medios de comunicación.
Entre los episodios más señalados del 2010, sin duda está la restitución, el 19 de agosto, de la licencia a Radio La Voz, de Bagua, tras catorce meses de espera y protesta.
Entre las presiones jurídicas registradas en el año es importante destacar lo sucedido en el mes de agosto en Satipo, Junín, con el periodista Fernando Santos Rojas quien fue sentenciado a un año de pena privativa de libertad suspendida en la querella por el delito contra el honor, interpuesta por César Augusto Merea Tello, alcalde de Satipo. Santos, vía radio Estudio 99, criticó a la autoridad municipal sobre presuntos hechos de corrupción que investigaba el Ministerio Público.
A ello se suma la sentencia contra el periodista José Alejandro Godoy, del blog político “Desde el Tercer Piso”, condenado a tres años de pena privativa de libertad suspendida y al pago por concepto de reparación civil de 300 mil nuevos soles (US$ 107 mil), así como, a 120 días de trabajo social –el periodista fue querellado por Jorge Mufarech, ministro del gobierno de Alberto Fujimori y congresista en el gobierno de Alejandro Toledo-.
En diciembre y para cerrar el año un fallo del Tribunal Constitucional (TC) dictado en el marco de un proceso sobre hechos de corrupción (“petroaudios”) prohibió a los medios de comunicación la divulgación de conversaciones telefónicas interceptadas o ‘”chuponeadas”, sin el consentimiento de los involucrados.
La sentencia del TC hecha pública el 9 de diciembre señalaba que “los medios de comunicación social se encuentran prohibidos de divulgar o difundir interceptaciones y grabaciones de conversaciones telefónicas, salvo que exista autorización de los interlocutores grabados o un mandato judicial motivado que permita su difusión por ser de interés público, bajo responsabilidad de ser denunciados penalmente”.
Tras la crítica unánime del gremio de la prensa el Tribunal Constitucional aclaró su posición el 14 de diciembre, precisando que se puede difundir siempre que el tema sea de “interés público”.
Perú, a pesar de no tener el número de periodistas asesinados de México y Honduras, sigue siendo considerado como uno de los territorios de más riesgo para el ejercicio periodístico, registrando el número más alto de agresiones físicas y querellas judiciales en la región durante el 2010.
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