A pesar de haber transcurrido un año desde los hechos ocurridos en Bagua (Amazonas), donde murieron más de una treintena de personas, el Estado no demuestra mayor interés por implementar políticas que beneficien a las comunidades indígenas.Así lo denunció Gloria Ramos, presidenta de la Comisión Especial encargada de analizar y recomendar la solución a la problemática de los Pueblos Indígenas, quien lamentó la falta de voluntad política del gobierno por atender a este sector de la población.
Ramos Prudencio señaló que, aun cuando se conformaron mesas de trabajo con las comunidades de la selva, los decretos legislativos que dieron origen a las protestas del 2009 siguen en pie.
Así mismo, refirió que del paquete de dispositivos que motivaron el descontento de los nativos de la Amazonía apenas se derogaron cuatro decreto; incluso, "a pesar de que se derogaron, el Estado sigue concesionando (los territorios) afectando los derechos de las comunidades".
En ese contexto, la legisladora advirtió que los conflictos se agravarán si el Ejecutivo persiste con aquella lógica de tomar a los recursos naturales como si fueran mercancías, sin tomar en consideración a los pueblos que ocupan territorios desde mucho antes de la creación del propio Estado.
"Hay una falta de voluntad política de reconocernos todos (...) no hay una sola visión y la modernidad no se puede imponer a sangre y fuego. Tiene que haber un diálogo. Podemos discrepar, pero somos seres humanos. Somos un país pluricultural y el el gobierno debe gobernar para esa diversidad", enfatizó.
De igual manera, criticó el escaso avance en la implementación de normas que favorecen a los pueblos indígenas, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que reconoce su derecho a la consulta previa, libre e informada respecto a los proyectos de desarrollo.
Finalmente, Ramos se mostró escéptica en torno a los numerosos informes presentado por el Parlamento acerca de los hechos del 5 de junio del 2009 en la Curva del Diablo.
"La madre del cordero son los decretos legislativos. Hasta el momento, no hay voluntad para implementar políticas en favor de los pueblos originarios. Se le ve como violentistas, cuando el bosque es su casa (...) prevalece la lógica colonialista del territorio", puntualizó.
fuente CNR
0 comentarios :
Publicar un comentario