Los pueblos originarios del Perú demandarán al Estado por no cumplir la consulta que manda el Convenio 169 de la OIT, previo al otorgamiento de concesiones o permisos de exploración en sus territorios para la explotación de recursos naturales.
Mario Palacios, presidente de la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (CONACAMI), anunció esta decisión en una conferencia de prensa realizada en la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), donde expresó que esta acción la realizarán tras las “recomendaciones”, al Gobierno, por parte de la Comisión de expertos de la OIT de suspender las actividades de exploración y explotación en los territorios indígenas en conflicto.
“Vamos a iniciar acciones legales, judiciales y demandas para hacer valer estas recomendaciones para que se respeten nuestros derechos como pueblos indígenas. Vamos a dejar en claro el valor del Convenio 169 para la normatividad interna”, indicó Palacios.
Palacios dijo que las demandas serían a nivel nacional e internacional en diferentes instancias legales y entre ellas están los siguientes casos específicos: Concesiones sin consultas comunitarias de 19 millones de hectáreas en Los Andes, operaciones ilegales en el caso Río Blanco en Piura y la construcción de represas hidroeléctricas en Puno que afectarían a 14 mil familias, entre otros.
También denunció la venta de territorio peruano a las mineras por un pago de 10 céntimos el metro cuadrado.
Palacios lamentó que este tipo de recomendaciones son “reiterativas” para el Gobierno, por parte de esta organización a quien el Perú suscribió el Convenio hace 15 años, mismo que ha sido ratificado por el Congreso Nacional con rango constitucional, y pese a esto en lugar de reivindicar se violentan más derechos criminalizando protestas y generando leyes arbitrarias como el Proyecto de ley de desplazamiento.
Bagua también debe aclararse
El tema de Bagua también entra en las instrucciones de la OIT, en este caso se pide al Estado peruano realizar una investigación con la participación de diferentes sectores para que se deduzcan responsabilidades políticas de las muertes ocurridas en junio de 2009.
Además de esos puntos, la OIT exige al Estado peruano una consulta plenamente participativa con los pueblos originarios y sus representantes antes de ejecutar cualquier tipo de acciones legislativas o administrativas que involucren sus territorios.
Mario Palacios, presidente de la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (CONACAMI), anunció esta decisión en una conferencia de prensa realizada en la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), donde expresó que esta acción la realizarán tras las “recomendaciones”, al Gobierno, por parte de la Comisión de expertos de la OIT de suspender las actividades de exploración y explotación en los territorios indígenas en conflicto.
“Vamos a iniciar acciones legales, judiciales y demandas para hacer valer estas recomendaciones para que se respeten nuestros derechos como pueblos indígenas. Vamos a dejar en claro el valor del Convenio 169 para la normatividad interna”, indicó Palacios.
Palacios dijo que las demandas serían a nivel nacional e internacional en diferentes instancias legales y entre ellas están los siguientes casos específicos: Concesiones sin consultas comunitarias de 19 millones de hectáreas en Los Andes, operaciones ilegales en el caso Río Blanco en Piura y la construcción de represas hidroeléctricas en Puno que afectarían a 14 mil familias, entre otros.
También denunció la venta de territorio peruano a las mineras por un pago de 10 céntimos el metro cuadrado.
Palacios lamentó que este tipo de recomendaciones son “reiterativas” para el Gobierno, por parte de esta organización a quien el Perú suscribió el Convenio hace 15 años, mismo que ha sido ratificado por el Congreso Nacional con rango constitucional, y pese a esto en lugar de reivindicar se violentan más derechos criminalizando protestas y generando leyes arbitrarias como el Proyecto de ley de desplazamiento.
Bagua también debe aclararse
El tema de Bagua también entra en las instrucciones de la OIT, en este caso se pide al Estado peruano realizar una investigación con la participación de diferentes sectores para que se deduzcan responsabilidades políticas de las muertes ocurridas en junio de 2009.
Además de esos puntos, la OIT exige al Estado peruano una consulta plenamente participativa con los pueblos originarios y sus representantes antes de ejecutar cualquier tipo de acciones legislativas o administrativas que involucren sus territorios.
PRONUNCIAMIENTO EN RELACIÓN A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA OIT AL ESTADO PERUANO SOBRE EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 169 DE LA OIT
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos acoge positivamente las Observaciones presentadas el día 25 de Febrero del 2010 por el Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios Recomendaciones de la OIT al Estado Peruano, las cuales son el producto de la evaluación de información alcanzada por las organizaciones indígenas AIDESEP y CONACAMI y el Grupo de Trabajo de Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y del Estado Peruano.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos acoge positivamente las Observaciones presentadas el día 25 de Febrero del 2010 por el Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios Recomendaciones de la OIT al Estado Peruano, las cuales son el producto de la evaluación de información alcanzada por las organizaciones indígenas AIDESEP y CONACAMI y el Grupo de Trabajo de Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y del Estado Peruano.
Pronunciamiento Sobre Observaciones Oit 2010
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