El ultimo viernes 19 de febrero, culminaron los trabajos de ubicación del sitio de entierro de alrededor de cuarenta cuerpos producto de la violencia política, en la comunidad campesina de Putka, ubicada en las alturas de Huanta – Ayacucho.
Una historia como muchas que esperan justicia en un pais donde la impunidad y una suerte de situación de “intocables” ha permitido a sectores militares comprometidos con violaciones de derechos humanos durante la guerra interna, seguir gozando de la libertad de manera vergonzosa gracias a la proteccion que de facto brinda la actual administración aprista dando como resultado algo muy grave para cualquier democracia: El retroceso en materia de Derechos Humanos.
¿Que pasó en Putka?
Exactamente el 24 de diciembre de 1984, miembros del Comité de Defensa Civil de Ccanis, Ccacas, Pampacancha, entre otros, junto a elementos de la Marina, salieron en búsqueda de senderistas en el distrito de Santillana.
En la madrugada del 25 de diciembre. Este grupo armado ingresó a la comunidad Pago de Putka, llevándose a niños, jóvenes y ancianos; logrando solo unos pocos escapar iniciando luego la búsqueda de sus familiares, enterándose pronto la ingrata noticia de que fueron masacrados a punta de cuchillo.
Muchos fueron torturados, las jóvenes, ultrajadas – coincidiendo con muchas masacres en comunidades altoandinas – y finalmente se habría asesinado a casi todos: niños, mujeres embarazadas, familias enteras y todo lo que de supuestamente tendría que parecerse a Sendero Luminoso.
Sólo quedaron tres sobrevivientes: dos jovencitas y una niña, una de las ellas murió en el camino, las dos restantes llegaron a Santillana después de un día de camino e informaron a las familias que las víctimas fueron ultimadas de esa forma. Actualmente la joven sobreviviente es la única que puede prestar declaraciones puesto que la niña sufre de problemas psicológicos consecuencia de lo que presenció.
La comunidad con ayuda de sus autoridades, tuvo que enterrar a escondidas los cuerpos hollados, cuidando siempre no ser vistos por los miembros de las fuerzas armadas para evitar represalias.
“Si se hiciera la exhumación al menos podríamos enterrar a nuestros familiares en nuestras comunidades, por ello pedimos apoyo. Exigimos a las autoridades que nos ayuden a alcanzar justicia y sanción para los culpables” dice en quechua Armando Huamaní quien perdió a su padre y a sus dos hermanas junto con otros doce familiares.
Así como la historia de Armando Huamaní, otras similares se repiten en la comunidad campesina de Pago de Putka – Ayacucho, donde el 25 de diciembre de 1984 se ejecutaron a decenas de campesinos en manos de miembros de la Marina y del Comité de Defensa Civil de Ccanis.
“Es probable que en unos meses se inicie con la exhumación No se descarta la posibilidad de encontrar más de cuarenta restos” comenta Karina Chávez, abogada de Paz y Esperanza, institución que patrocina el caso, añadió que incluso existen familias
Recordemos que cerca a Putka se encuentra la comunidad de Putis, donde fueron asesinadas alrededor de 120 personas. La coincidencia de estos casos radica en la cercanía, tanto geográfica como en las fechas, cuando se produjeron tales matanzas; a pesar de ello, el Ministerio de Defensa no quiere revelar los nombres de los que operaron durante esos años en la base de San José de Secce, distrito a los que pertenecen Putka y Putis, aduciendo que son sólo son “crímenes execrables” y no delitos de lesa humanidad.
Mientras tanto, el caso espera una fecha exacta para las exhumaciones, tarea que le corresponde a la Primera Fiscalía Supraprovincial de Ayacucho. Esto sin contar que ya pasaron veinticinco años sin justicia para los familiares de las víctimas que todavía no pueden explicar el porqué de tantas muertes sin sentido.
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