¿Evidencia de alianza? Ello permitiría juzgar a ex presidente por otros delitos. Ex procurador Omar Chehade afirma que gobierno aprista quiere desaparecer la Procuraduría Ad hoc del caso Fujimori y Montesinos.
Fuente: La República, Lima, 30/11/2009
Ana Núñez
El ministro de Justicia Aurelio Pastor justificó la reducción de la Procuraduría ad hoc de los casos Fujimori y Montesinos con el argumento de que la carga procesal ha disminuido considerablemente. Lo que no dice Pastor es que existen varios casos por los que está pendiente que la justicia peruana pida a Chile una ampliación de la extradición de Fujimori, para lo que se requeriría de una Procuraduría fuerte y no una debilitada, como la que se tiene en la actualidad.
Según el ex procurador anticorrupción Omar Chehade, existe una clara intención del gobierno aprista de minimizar el caso Fujimori para favorecerlo, por lo que se están adoptando medidas orientadas a “liquidar” la Procuraduría que integró hasta hace un año y medio, cuando renunció –precisamente– por la falta de apoyo del gobierno aprista.
“Pastor dice que ha disminuido la carga procesal, pero definitivamente la intención es liquidar la Procuraduría, de modo que no sea un obstáculo para que la alianza apro-fujimorista continúe en el gobierno”, dijo.
Recordó que entre los casos pendientes de pedir la ampliación de la extradición, algunos de ellos que incluso ya han sido judicializados, se encuentran la matanza en el penal de Castro Castro, el golpe de Estado de 1992, la ejecución extrajudicial de tres emerretistas en la casa del embajador japonés, y otros referidos a casos de corrupción durante su gobierno.
“Lo más grave es que se está abdicando en tratar de ampliar los expedientes de extradición contra Fujimori. Se quiere hacer creer que a él se le condenó y solo falta el recurso de nulidad en el caso Barrios Altos, con lo que acabaría todo, pero eso no es así. Hay casos de corrupción y contra los derechos humanos por los que no se le puede juzgar sin antes pedir a Chile que amplíe la extradición”, señaló.
Chehade indicó que desde el inicio de este gobierno se evidenciaron las intenciones de favorecer a Fujimori. Recordó, por ejemplo, la falta de apoyo que tuvo la Procuraduría durante el proceso de extradición del ex mandatario. Asimismo, el recorte de presupuesto que anunció el año pasado la entonces ministra de Justicia, Rosario Fernández. Y, finalmente, el anuncio de Pastor de reducir a la mitad el número de abogados encargados de seguir los casos.
“Esto se veía venir y fue evidente desde el inicio del proceso de extradición de Fujimori, cuando la Procuraduría no contó con el apoyo necesario del gobierno, que –incluso– se incomodaba ante las declaraciones que dábamos los procuradores”, comentó.
Será absorbida por Caldas
Según el ex abogado del Estado, parte de este proceso de “liquidación” de la Procuraduría ad hoc es el proceso de fusión que se ha iniciado, mediante el cual ese organismo pasará a la Procuraduría que dirige Jorge Luis Caldas.
“Tengo información de que Caldas ha recibido órdenes específicas del gobierno para liquidar la Procuraduría ad hoc. Él es un procurador nombrado por este gobierno y que por supuesto va a recibir órdenes más directas del presidente García y de su cúpula”, manifestó.
Evidencia alianza con el fujimorismo
Según el director del Instituto de Defensa Legal (IDL), David Lovatón, es evidente que no existe una intención del gobierno aprista de luchar contra la corrupción y menos contra la proveniente del gobierno fujimontesinista.
“Creo que antes de la reducción de procuradores, el equipo de la Procuraduría Anticorrupción ya era un equipo debilitado, a comparación del equipo que tuvo José Ugaz, hace algunos años. Cancelar eso que ya estaba debilitado revela una voluntad política del gobierno del Apra de no luchar contra la corrupción de los 90, lo que es una expresión de su alianza con el fujimorismo”, comentó.
Lobatón consideró, además, que al no contar con procuradores especializados en casos anticorrupción, el gobierno “se está curando en salud” para posibles casos que involucren a algunos de sus miembros. “La mayor medida que ha adoptado este gobierno en temas anticorrupción es nombrar a un procurador para que persiguiera al ex presidente Alejandro Toledo”, expresó.
Fuente: La República, Lima, 30/11/2009
Ana Núñez
El ministro de Justicia Aurelio Pastor justificó la reducción de la Procuraduría ad hoc de los casos Fujimori y Montesinos con el argumento de que la carga procesal ha disminuido considerablemente. Lo que no dice Pastor es que existen varios casos por los que está pendiente que la justicia peruana pida a Chile una ampliación de la extradición de Fujimori, para lo que se requeriría de una Procuraduría fuerte y no una debilitada, como la que se tiene en la actualidad.
Según el ex procurador anticorrupción Omar Chehade, existe una clara intención del gobierno aprista de minimizar el caso Fujimori para favorecerlo, por lo que se están adoptando medidas orientadas a “liquidar” la Procuraduría que integró hasta hace un año y medio, cuando renunció –precisamente– por la falta de apoyo del gobierno aprista.
“Pastor dice que ha disminuido la carga procesal, pero definitivamente la intención es liquidar la Procuraduría, de modo que no sea un obstáculo para que la alianza apro-fujimorista continúe en el gobierno”, dijo.
Recordó que entre los casos pendientes de pedir la ampliación de la extradición, algunos de ellos que incluso ya han sido judicializados, se encuentran la matanza en el penal de Castro Castro, el golpe de Estado de 1992, la ejecución extrajudicial de tres emerretistas en la casa del embajador japonés, y otros referidos a casos de corrupción durante su gobierno.
“Lo más grave es que se está abdicando en tratar de ampliar los expedientes de extradición contra Fujimori. Se quiere hacer creer que a él se le condenó y solo falta el recurso de nulidad en el caso Barrios Altos, con lo que acabaría todo, pero eso no es así. Hay casos de corrupción y contra los derechos humanos por los que no se le puede juzgar sin antes pedir a Chile que amplíe la extradición”, señaló.
Chehade indicó que desde el inicio de este gobierno se evidenciaron las intenciones de favorecer a Fujimori. Recordó, por ejemplo, la falta de apoyo que tuvo la Procuraduría durante el proceso de extradición del ex mandatario. Asimismo, el recorte de presupuesto que anunció el año pasado la entonces ministra de Justicia, Rosario Fernández. Y, finalmente, el anuncio de Pastor de reducir a la mitad el número de abogados encargados de seguir los casos.
“Esto se veía venir y fue evidente desde el inicio del proceso de extradición de Fujimori, cuando la Procuraduría no contó con el apoyo necesario del gobierno, que –incluso– se incomodaba ante las declaraciones que dábamos los procuradores”, comentó.
Será absorbida por Caldas
Según el ex abogado del Estado, parte de este proceso de “liquidación” de la Procuraduría ad hoc es el proceso de fusión que se ha iniciado, mediante el cual ese organismo pasará a la Procuraduría que dirige Jorge Luis Caldas.
“Tengo información de que Caldas ha recibido órdenes específicas del gobierno para liquidar la Procuraduría ad hoc. Él es un procurador nombrado por este gobierno y que por supuesto va a recibir órdenes más directas del presidente García y de su cúpula”, manifestó.
Evidencia alianza con el fujimorismo
Según el director del Instituto de Defensa Legal (IDL), David Lovatón, es evidente que no existe una intención del gobierno aprista de luchar contra la corrupción y menos contra la proveniente del gobierno fujimontesinista.
“Creo que antes de la reducción de procuradores, el equipo de la Procuraduría Anticorrupción ya era un equipo debilitado, a comparación del equipo que tuvo José Ugaz, hace algunos años. Cancelar eso que ya estaba debilitado revela una voluntad política del gobierno del Apra de no luchar contra la corrupción de los 90, lo que es una expresión de su alianza con el fujimorismo”, comentó.
Lobatón consideró, además, que al no contar con procuradores especializados en casos anticorrupción, el gobierno “se está curando en salud” para posibles casos que involucren a algunos de sus miembros. “La mayor medida que ha adoptado este gobierno en temas anticorrupción es nombrar a un procurador para que persiguiera al ex presidente Alejandro Toledo”, expresó.
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