Por Jorge Agurto
Una de las razones por las cuales la Comisión Especial para Investigar y Analizar los Sucesos de Bagua verá frustrado su cometido principal es que las autoridades de Estado han rehusado prestar su colaboración y proporcionar documentación clave para el esclarecimiento de los hechos. Veamos:
Entre los principales documentos solicitados pero negados con pretextos absurdos como “que se encuentran en proceso” se encuentran, por ejemplo, dos:
La acusación de la ex Fiscal encargada del Caso Bagua Luz Rojas Méndez.
El informe final de la Dirección de Investigaciones Administrativas Disciplinarias de la Inspectoría General (DIRIAD) de la Policía Nacional del Perú (PNP).
La acusación fiscal.
La fiscal Luz Rojaz Méndez fue la primera autoridad del Ministerio Público en realizar una investigación en el lugar de los hechos, recopilar las evidencias y entrevistar a los diversos actores involucrados.
Luego de efectuar una acusación contra los responsables, entre ellos el General Luis Elías Muguruza y otros efectivos policiales, fue desplazada de manera arbitraria del caso Bagua y enviada a la Fiscalía de Chachapoyas.
La ex fiscal ha denunciado hace pocos días recibir en la última semana más de 60 llamadas de personas anónimas profiriendo amenazas de muerte.
“Las amenazas se vienen produciendo desde que yo ordené la investigación en relación a los hechos del 5 de junio. Han sido más constantes, más fuertes. En realidad no es con motivo de la formalización de denuncia, sino con motivos de haber ordenado inicialmente la investigación” manifestó.
“Sin embargo, estos hechos son cada vez más tornándose más osados y peligrosos, por cuanto no solo se limitan a hacer llamadas telefónicas amenazantes, sino a mandar pasquines a mi domicilio y a mi centro de trabajo, con excremento humano” dijo.
“No se trata de una sola persona, sino de un conjunto de personas que han ideado este tipo de acciones con la finalidad de alterar mi estado emocional y ponerme en zozobra, porque tengo familia, dos niños”, agregó Luz Rojaz Méndez quién a la fecha carece de protección policial por razones burocráticas.
El informe de Inspectoría.
Según el diario La República el informe de la DIRIAD consta de 229 páginas y es suscrito por el jefe de la División de Investigaciones, Gral. PNP Mauro Medina Guimaraes. En él se indica que Muguruza y Uribe vulneraron normas elementales para preservar la vida y la integridad de los efectivos que participaron en el operativo del 5 de junio que concluyó con la muerte de 24 policías y nueve civiles.
El Ministerio del Interior se ha negado ha entregar dicho documento no solo a la Comisión Investigadora sino incluso a congresistas como Juana Huancahuari que ha insistido de manera reiterada por obtener copia del mismo.
Sin duda, una de las razones para escamotear los pedidos a la comisión es su bajo nivel en la estructura jerárquica, dependiente del Ministerio de Agricultura, entidad que no se ha comprado el pleito de apoyarla de manera sostenida con recursos y respaldo político.
Sin embargo, las autoridades responsables de proporcionar dichos documentos -Ministerio Público y Ministerio del Interior- deben explicar a la opinión pública nacional e internacional cuáles son las supuestas razones de Estado que han impedido que las entreguen a los comisionados y qué presiones -de ser el caso- han recibido para no hacerlo.
Este afán de no investigar y ocultar información clave es una de las razones de fondo por las cuales existen discrepancias en la Comisión presidida por Jesús Manasés Valverde quién junto con la religiosa María del Carmen Gómez no suscribirían un documento que más que esclarecer los hechos intenta encubrir la investigación y evitar responder aspectos esenciales (Ver: ¿Quién dio la orden de disparar?… y otras preguntas importantes).
El Primer Ministro Javier Velásquez Quesquén se ha adelantado a sugerir que los integrantes que no estén de acuerdo con las conclusiones “pueden presentar un informe en minoría” pero no dice nada sobre la falta de entrega de documentación de las autoridades.
Es oportuno recordar que Velasquez Quesquén es uno de los responsables políticos de los sucesos de Bagua al evitar poner en la agenda del pleno congresal la derogatoria de los decretos motivos del enfrentamiento un día antes del 5 de junio, cuando ostentaba la responsabilidad de Presidente del Congreso.
Si bien es cierto que los apus de diversos pueblos y la organización amazónica AIDESEP analizarán el informe de la comisión y darán una opinión independiente respecto al informe final que se discutirá en la Mesa de Diálogo es importante subrayar que lo harán sobre la base de una investigación parcial, incompleta, donde a la comisión se le ha negado proporcionar documentación clave.
Esta situación no solo descalifica de antemano a los comisionados que se presten a firmar una burda patraña sino principalmente al gobierno que ha sido incapaz de crear las condiciones para una “investigación exhaustiva, imparcial y transparente” como lo han solicitado los organismos internacionales sino que por el contrario la viene boicoteando de una manera burda e irresponsable.
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