Veinte años después
La verdad empieza a asomar para la comunidad de Pampa Coris. En esta localidad ubicada en el distrito de Ayahuanco, provincia de Huanta, en Ayacucho, la violencia se ensañó con sus pobladores el 24 de junio de 1989. Aquella vez, una patrulla militar de la Base de Pampas Tayacaja (Huancavelica), incursionó en Pampa Coris y detuvo durante toda la noche a sus pobladores, varones y mujeres. Al día siguiente, las mujeres fueron liberadas, mientras que los varones –alrededor de treinta– fueron trasladados hacia la comunidad de Huarcatán, ubicada también en el distrito de Ayahuanco, donde fueron ejecutados y posteriormente enterrados en una fosa común.
Así, del 9 al 13 de noviembre, dos décadas después de ocurrido el crimen, la Fiscalía de Derechos Humanos de Ayacucho realizó la exhumación en Huarcatán, logrando ubicar un total de 25 restos (20 cuerpos completos y 5 incompletos). La mayoría de ellos corresponden a adultos y jóvenes de sexo masculino.
“Los cuerpos se encontraban uno encima de otro, en una sola fosa, con sus vestimentas. También se encontraron casquillos de bala, lo que indicaría que fueron ejecutados extrajudicialmente, según testimonios existentes sobre los hechos. Luego fueron trasladados al Laboratorio de Investigaciones Forenses de Ayacucho para determinar las causas de muerte y su posterior identificación”, informó Yuber Alarcón, abogado de APRODEH, en Ayacucho.
Alarcón recordó que el Jefe responsable de la Base Militar de Pampas Tayacaja, Huancavelica en el momento de los hechos, era el General Carlos Franco Torre. Sin embargo, el Ministerio de Defensa ha facilitado escasa información sobre este oficial.
“Es lamentable señalar que todavía persista ese mal llamado espíritu de cuerpo entre los miembros de las fuerzas armadas, que lleva a encubrir a algunos de los miembros que cometieron violaciones a los derechos humanos. Es lamentable también que a 6 años de la entrega del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, no se hayan implementado las recomendaciones referentes al Plan Nacional de Exhumaciones”, finalizó.
Por su parte Miguel Jugo, director de Proyección Institucional de APRODEH, hizo un llamado al Ministerio de Defensa para lograr justicia en este caso: “El Ministro es el primer llamado a colaborar imparcialmente para que las investigaciones de este execrable crimen avancen con rapidez y eficacia; y además de identificar a las víctimas, se pueda ubicar, capturar y procesar a los responsables con todo el peso de la ley”, remarcó.
En estas diligencias participaron el Dr. Andrés Cáceres Ortega, de la Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Terrorismo de Ayacucho; el equipo del Laboratorio de Investigaciones Forenses y el Dr. Raúl Arotoma Oré, abogado de la Asociación Pro Derechos Humanos, APRODEH.
La verdad empieza a asomar para la comunidad de Pampa Coris. En esta localidad ubicada en el distrito de Ayahuanco, provincia de Huanta, en Ayacucho, la violencia se ensañó con sus pobladores el 24 de junio de 1989. Aquella vez, una patrulla militar de la Base de Pampas Tayacaja (Huancavelica), incursionó en Pampa Coris y detuvo durante toda la noche a sus pobladores, varones y mujeres. Al día siguiente, las mujeres fueron liberadas, mientras que los varones –alrededor de treinta– fueron trasladados hacia la comunidad de Huarcatán, ubicada también en el distrito de Ayahuanco, donde fueron ejecutados y posteriormente enterrados en una fosa común.Así, del 9 al 13 de noviembre, dos décadas después de ocurrido el crimen, la Fiscalía de Derechos Humanos de Ayacucho realizó la exhumación en Huarcatán, logrando ubicar un total de 25 restos (20 cuerpos completos y 5 incompletos). La mayoría de ellos corresponden a adultos y jóvenes de sexo masculino.
“Los cuerpos se encontraban uno encima de otro, en una sola fosa, con sus vestimentas. También se encontraron casquillos de bala, lo que indicaría que fueron ejecutados extrajudicialmente, según testimonios existentes sobre los hechos. Luego fueron trasladados al Laboratorio de Investigaciones Forenses de Ayacucho para determinar las causas de muerte y su posterior identificación”, informó Yuber Alarcón, abogado de APRODEH, en Ayacucho.
Alarcón recordó que el Jefe responsable de la Base Militar de Pampas Tayacaja, Huancavelica en el momento de los hechos, era el General Carlos Franco Torre. Sin embargo, el Ministerio de Defensa ha facilitado escasa información sobre este oficial.
“Es lamentable señalar que todavía persista ese mal llamado espíritu de cuerpo entre los miembros de las fuerzas armadas, que lleva a encubrir a algunos de los miembros que cometieron violaciones a los derechos humanos. Es lamentable también que a 6 años de la entrega del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, no se hayan implementado las recomendaciones referentes al Plan Nacional de Exhumaciones”, finalizó.
Por su parte Miguel Jugo, director de Proyección Institucional de APRODEH, hizo un llamado al Ministerio de Defensa para lograr justicia en este caso: “El Ministro es el primer llamado a colaborar imparcialmente para que las investigaciones de este execrable crimen avancen con rapidez y eficacia; y además de identificar a las víctimas, se pueda ubicar, capturar y procesar a los responsables con todo el peso de la ley”, remarcó.
En estas diligencias participaron el Dr. Andrés Cáceres Ortega, de la Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Terrorismo de Ayacucho; el equipo del Laboratorio de Investigaciones Forenses y el Dr. Raúl Arotoma Oré, abogado de la Asociación Pro Derechos Humanos, APRODEH.
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