La escultura ‘El Ojo que Llora’ los juntó ayer: a
los asesinados por Sendero Luminoso a machetazos en Lucanamarca, a Pedro
Huilca, baleado vilmente por los agentes del Grupo Colina, a los
masacrados por militares en Raccaya, a los miles de policías y militares
ejecutados por Sendero, y a los miles de desaparecidos. Sus rostros
aparecieron en la memoria de las casi mil personas que se reunieron
alrededor de la escultura y que, al igual que la piedra de la cual brota
agua, derramaron lágrimas. Se reunieron alrededor de ‘El Ojo que Llora’
para recordar a los que ya no están, pero están. Una de los presentes
es Mercedes Leiva Gálvez, quien busca a su esposo Modesto Huamaní
Cosinga desde el 17 de marzo de 1990, cuando los militares se lo
llevaron de su casa en la comunidad huancavelicana de Carcosi, dejando
sin padre a diez niños.
PARA NO OLVIDARLOS
Han pasado diez años desde la presentación del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación
(CVR). El 28 de agosto del 2003 el presidente de la CVR, Salomón Lerner
Febres, y los miembros de ese grupo de trabajo presentaron los nueve
tomos de este documento ante el presidente Alejandro Toledo. Desde
entonces las historias de dolor perduran, las heridas no han cerrado y
tampoco se ha logrado la reconciliación nacional aunque la construcción
de la memoria se mantiene vigente. En la víspera, deudos de las víctimas
del conflicto interno que azotó al país entre 1980-2000 llegaron desde
diversos rincones del país al monumento ‘El Ojo que Llora’, en Jesús
María.
Desde ese lugar, un grupo se dirigió a la Municipalidad de Lima, donde se realizó una sesión solemne en la que se entregó la Orden de Mérito Municipal en el Grado de Gran Cruz a Angélica Mendoza de Ascarza,
conocida cariñosamente como ‘Mamá Angélica’, una mujer que viene
luchando desde hace 30 años para encontrar a su hijo desaparecido en los
primeros años del terrorismo. Los presentes se pusieron de pie ante la
madre símbolo de las víctimas del terrorismo, mientras la alcaldesa
Susana Villarán le otorgaba el reconocimiento. Los aplausos fueron
interminables; entre los invitados se encontraban regidores, ex miembros
de la CVR, monseñor Luis Bambarén, y otras autoridades.
“Nunca sabemos dónde están los restos de tantos desaparecidos, pero
hemos recibido ayuda. Por eso agradezco a las autoridades en la capital,
porque en Ayacucho no encontramos apoyo”, manifestó Angélica Mendoza.
Con más de 80 años de edad, ‘Mama Angélica’, madre de ocho hijos, se
ha convertido en uno de los tantos ejemplos de fortaleza que dejó este
doloroso conflicto. La noche del 2 de julio de 1983 su vida cambió
completamente: efectivos del cuartel Los Cabitos, en Ayacucho, entraron a
su casa y arrancaron a su hijo Arquímedes de sus brazos.
A la mañana siguiente acudió al cuartel y ahí comenzó su calvario.
Hasta hoy no sabe dónde está. Pero no pierde las esperanzas. Ella y
otros deudos fundaron la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados y Desaparecidos del Perú (ANFASEP), que el próximo 2 de setiembre cumplirá 30 años de existencia.
RECOMENDACIONES
El informe de la CVR causó un fuerte impacto en la opinión pública, y
aún hoy genera debate y polémica en diversos sectores de la sociedad,
al establecer que durante 20 años la cifra de víctimas suma 69,280,
cuando hasta antes de su presentación los balances oficiales señalaban
hasta unas 25.000 víctimas.
El ex presidente de la CVR Salomón Lerner Febres también recibió la Orden de Gran Cruz del municipio metropolitano. Con el lema “Nunca olvidamos, nunca callamos”
Lerner Febres inició su discurso, tras recibir este reconocimiento,
reafirmando su compromiso para que haya más avances en la implementación
de las recomendaciones de la Comisión. “Diez años después de este
informe es mucho lo que se ha logrado en la preservación de la memoria.
Al aceptar esta medalla, reitero el compromiso asumido hace ya doce
años. Hoy me permito solicitar que se unan en esta tarea de preservar
esta memoria”, expresó.
Uno de los grandes temas pendientes –dijo Lerner Febres– es el caso
de las víctimas desaparecidas donde “se ha avanzado poquísimo, es un
tema con una carga muy fuerte” sobre la labor del Estado peruano para
ubicar a los más de 13,000 desaparecidos que se presume estarían
sepultados clandestinamente en unas 4,000 fosas comunes.
A su turno, Villarán se comprometió a que antes de dejar la alcaldía
de Lima todas las escuelas tengan una copia del informe. “La impunidad
no es compatible con la democracia, (…) por ello tenemos que identificar
a los responsables para alcanzar la reconciliación, determinar las
sanciones a los mismos resulta imprescindible, esclarecer la verdad es
necesaria, así como reparar a todas las víctimas sin distinción. Es un
deber moral impostergable”, señaló.
VISITA AL CONGRESO
Mientras un grupo recibía el homenaje de la Municipalidad de Lima, una delegación de deudos llegó hasta el Congreso de la República,
donde se reunieron con el presidente Fredy Otárola, ante quien
reiteraron su pedido para un pronto cumplimiento del plan de
reparaciones económicas, en educación, en salud y en vivienda.
Momentos antes, la delegación fue recibida por los congresistas José
Urquizo Maggia y Jhon Reynaga Soto, en cuya reunión solicitaron que se
declare todos los 28 de agosto como el ‘Día Nacional de las Víctimas de la Violencia’.
El presidente de la Coordinadora Nacional de Afectados por la
Violencia, José Sayán, afirmó que ello servirá para que todos los
peruanos recuerden ese día los episodios nefastos de nuestra historia
nacional reciente.
CEREMONIA DE RECUERDO
En la tarde, cientos de deudos de las víctimas volvieron a ‘El Ojo
que Llora’ para la ceremonia conmemorativa. Muchos habían llegado con
sus vestimentas típicas desde pueblos alejados de Ayacucho, Huancavelica
o Cusco. En total fueron delegaciones de 18 regiones del interior del
país unidas por el mismo dolor.
En el lugar, la secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos,
Rocío Silva Santisteban, lamentó la ausencia de representantes del
Ejecutivo y reiteró el pedido para que el Estado repare a todos los
deudos.
Por su parte, el defensor del Pueblo, Eduardo Vega, recalcó que su
institución seguirá luchando para que el Estado cumpla con las
reparaciones. Indicó que el gobierno ha avanzado en las reparaciones
colectivas del 33% de las víctimas, lo que representarían cerca de 29
mil víctimas.
No obstante, resaltó que respecto a la búsqueda de desaparecidos “no
tenemos un plan de investigaciones” que permita la recuperación de estos
restos y de entrega que tenga “un sentido más humanitario”.
En el acto también se hicieron presentes los representantes de los
deudos, quienes, en castellano y quechua, pidieron que el gobierno
cumpla con atenderlos.
La demanda era de todos pese a que el viceministro de Justicia, José
Ávila, recordara en la mañana que el gobierno invirtió más de 160
millones de soles para las reparaciones. “Hasta el momento, son 29 mil
392 beneficiarios; cada lista tuvo diferentes cantidades. Las listas 1 y
2, gestionadas en el gobierno de Alan García, fueron de 5 millones de
soles, mientras que de la 3 a la 9 durante el mandato del presidente
Ollanta Humala”, apuntó el viceministro José Ávila.
Culminada la ceremonia en ‘El Ojo que Llora’, los deudos iniciaron
una marcha hasta la Plaza San Martín, en donde la municipalidad de Lima
rindió un homenaje. Con antorchas en forma de cruz y con el canto de
Manuelcha Prado recordando los nombres de los desaparecidos, todos
ingresaron a la plaza. Ayer, en esa plaza estuvieron presentes las 69
mil almas que registró la CVR. No faltó ninguna.
TESTIMONIO
Alfredo García. El 4 de setiembre de 1983 los terroristas llegaron a
mi casa, en la comunidad campesina de Raccay, en Canarias, provincia de
Víctor Fajardo, Ayacucho. En eso buscaron a mi papá Gonzalo García
Aroquinco, que tenía 52 años; éramos cinco hermanos y yo estudiaba en la
Universidad San Cristóbal de Huamanga. Los terroristas obligaban a
todos a reunirse en la plaza para que les hablen, pero mi papá no les
quiso hacer caso. Él había sido juez y gobernador. Los terroristas se
amargaron y lo sacaron a la fuerza y lo mataron a pedradas delante de mi
mamá y mis hermanos, a pesar de que les pedimos que no lo hagan. Solo
me enteré de su muerte después de veinte días, porque en esos años la
comunicación era difícil. Todos tuvimos miedo a los terroristas, pero
también al Ejército. Por eso nos vinimos a Lima, dejamos nuestra casa,
animales y chacra. Después, cuando los terroristas volvieron,
incendiaron todas nuestras cosas.
Fuente: La República
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