El incremento de la actividad minera en el Perú está causando tensiones
con las poblaciones locales que los rechazan, piden un menor daño al
entorno, o participar de los beneficios. El Gobierno de Ollanta Humala
aún no ha encontrado una solución para desbloquear uno de los más importantes proyectos —la explotación aurífera de Conga—
que está provocando desde hace tres semanas protestas y episodios
violentos en Cajamarca, departamento de la sierra norte en el que hay
una fuerte movilización en contra del proyecto.
El martes, un portavoz de las empresas Yanacocha-Newmont dijo que
aceptarían algunas recomendaciones de un ‘peritaje’ internacional para
modificar el estudio de impacto ambiental (EIA) de Conga. Desde abril se
esperaba la respuesta de la minera, que había amenazado con suspender
su inversión de 4.800 millones de dólares.
Ese mismo día, el primer ministro Oscar Valdés informó de que para el
pasado jueves habría un anuncio “integral” del Gobierno sobre el
controvertido proyecto; sin embargo, solo hubo una declaración del
presidente arrancada por los reporteros que cubrieron una inauguración
de vías en el distrito de Ate, Lima.
“Le habíamos hecho (a Newmont) una serie de planteamientos a este
proyecto y saludamos que por fin se hayan identificado con nuestras
propuestas”, dijo el mandatario peruano.
La administración de Humala
ha heredado una legislación minera ahora desfasada: los estudios de
impacto ambiental de los proyectos son hechos por consultoras privadas,
luego aprobados por el ministerio de Energía y Minas y, entonces, pueden
empezar las operaciones. Sin embargo, en los dos últimos años, tres
grandes proyectos mineros que tenían EIA aprobados han quedado
paralizados debido a la fuerte oposición y protestas de la población
local.
Por ejemplo, tras continuas protestas en carreteras de Arequipa (sierra sur)
contra el proyecto Tía María de la empresa Southern Perú, el EIA ya
aprobado tuvo que ser revisado en 2010 por expertos contratados por
UNOPS —un ente de Naciones Unidas—, lo que constituye un procedimiento
inexistente en las normas, según recordó el investigador inglés Anthony
Bebbington en declaraciones a este diario.
De esa forma, el Gobierno anterior de Alan García intentó mantener
una inversión que cumplió con los requerimientos del Estado y obtener la
aprobación local o ‘licencia social’ para el proyecto.
Una situación similar ocurrió en 2010 con el proyecto Quellaveco –de
extracción de cobre- de la empresa Angloamerican –con sede en Londres–,
que enfrenta la oposición de dos valles agrícolas en el departamento de
Moquegua (costa sur) debido al uso del agua.
Por último, el proyecto Conga en Cajamarca está paralizado –a
petición del Gobierno– desde el pasado mes de diciembre, cuando
surgieron las protestas por los posibles perjuicios en una cabecera de
cuenca y porque en el pasado la empresa Yanacocha incumplió compromisos
medioambientales en esa región.
En abril, después que los peritos extranjeros formularon
recomendaciones para un ajuste del proyecto Conga, el presidente Humala
anunció que su Gobierno impulsaba una “nueva minería, amigable con el
entorno, que respete las condiciones ambientales que los peruanos
exigimos”. Los mismos términos los reiteró el martes en la cumbre de
Río+20.
El mandatario dijo que su administración “es muy consciente de que
las poblaciones requieren que estas inversiones se den en un escenario
de confianza y de una relación transparente y de respeto mutuo. Este
Gobierno, no va a aceptar actitudes de soberbia de ninguna empresa”.
La posición de las empresas
Consultado por EL PAÍS, Hugh Elliot, director internacional de
relaciones gubernamentales de Anglo American, comentó: “Entendemos que
el presidente Humala está buscando una inversión social y ambientalmente
responsable. Creemos que la ‘nueva minería’ descrita no es diferente de
la que Anglo American practica”.
“Para entregar los beneficios que nuestra actividad puede generar a
las comunidades donde operamos, requerimos un marco institucional
estable y sólido para el largo plazo, en lo público como en lo privado”,
agregó.
Un poco más directo fue el director de la empresa canadiense de
origen peruano Alturas Minerals, Augusto Baertl. “Esas declaraciones
[del presidente sobre la nueva minería] son políticas, para tratar de
estar bien con Dios y con el diablo. Pero nunca se ha visto que a un
proyecto con EIA aprobado se le diga ‘un momentito’, voy a traer peritos
y revisar las cosas. Estamos en una situación en que no se está
respetando los procesos establecidos”, comentó a este diario.
Baertl considera que, en el caso de Conga, el Gobierno ha tenido que dirimir en el proceso, aunque con resultados aún inciertos.
“Seguro hay casos en los que, antropológicamente, uno puede darle
consejos (a la empresa), un poco más de tacto, pero no hay empresa que
escape de estas dificultades”, añadió Baertl, ingeniero de minas que
empezó a trabajar en los años sesenta.
A su vez, el director de asuntos corporativos de la minera Barrick,
Gonzalo Quijandría, ve que el Gobierno es consecuente pues se preocupa
por "la estabilidad jurídica (de los proyectos mineros) pero quisiera un
nuevo modelo de aceptación para que las personas tengan más confianza”.
“Es válido que el Gobierno haga que estos estudios lleguen mejor y
respondan a las preguntas que ellos [la población local afectada por las
operaciones] plantean”, afirmó Quijandría a título personal.
“Todos estamos aprendiendo de los aciertos y los errores. Las
empresas deben tener puntería fina respecto a qué le interesa a la
población antes de hacer números. No creo que ninguna de las empresas
pueda sentirse ajena a las palabras del presidente”, añadió el
funcionario de Barrick.
El historiador Bebbington, quien estudia los movimientos sociales
frente a la minería en Bolivia y Perú desde hace una década, estima que
en el caso de Conga la intervención del Gobierno ha tenido el más alto
perfil en estos años, “para evitar que otro proyecto se paralice, como
ocurrió con Tía María”.
Según el director de la carrera de geografía de la universidad de
Clark, “el caso de Conga refleja que los canales formales de
participación no funcionan en el Perú y que hay profundos problemas
sociales”.
El jueves terminó sin el esperado anuncio del Gobierno y con la negativa del presidente Humala a conceder una audiencia
a algunos de los líderes de la protesta, entre ellos el presidente
regional de Cajamarca, Gregorio Santos, y alcaldes. Cerró con un nuevo
episodio de violencia desproporcionada de la policía en Cajamarca: un
grupo de efectivos arremetió contra mujeres que preparaban una olla
común, se produjo un enfrentamiento y luego detenciones.
En la 1ª Comisaría, los efectivos golpearon a los detenidos, entre
ellos la abogada de un organismo de derechos humanos, Amparo Abanto:
otra de la Defensoría del Pueblo, Genoveva Vargas, y una joven de 17
años. En los 22 días de protestas, es el tercer episodio de violencia
descontrolada de la policía contra personas desarmadas.
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