Por Jorge Agurto
La gran prensa limeña celebra la distinción
de la Amazonía como una de las siete maravilas del planeta. La red se
inunda de comentarios elogiosos al Perú e insufla alientos a favor del
turismo a fin de aprovechar la designación. Pocos se refieren a los
pueblos indígenas que la protegen, menos a los graves problemas que
atraviesan los bosques amazónicos por falta de un plan de desarrollo
amazónico solvente, integral y responsable.
La elección promovida por la Fundación New 7 Wonders
debería promover una mayor conciencia sobre el perfil del Perú como un
país de vocación amazónica y evidenciar que si nuestra clase política
limeña vive de espaldas a la realidad andina, desconoce aún mas la
realidad amazónica, a la cual percibe como una selva ignota, salvaje,
indomesticable y vacía de personas, cuando no de animales.
Este supino desconocimiento explica la concesión indiscriminada de
lotes de hidrocarburos sobre áreas protegidas y territorios indígenas
que alcanzan más del 70 por ciento del territorio amazónico, la falta de
control y presupuesto para el cuidado ambiental, el afan de construir
megacentrales hidroeléctricas para proveer de energía a Brasil, la
indolencia estatal ante la tala ilegal, la minería informal y el
narcotráfico que como un cáncer arrasa nuestros bosques y lo degrada.
Quienes hoy celebran la distinción amazónica ¿acaso se indignaron
cuando el 28 de abril de 2010 un decreto supremo del gobierno de Alan
García, en el 2010 -aún no derogado- declaró de “interés nacional y
social” (1) la construcción de 20 centrales hidroeléctricas en la
cuenca del río Marañón, en la amazonía norte del Perú, en los próximos
40 años?.
Ocho días antes de finalizar su mandato el mismo gobierno aprobó la
Ley 29760 que declaró de necesidad pública y de interés nacional
trasvasar las aguas “excedentes” del río Marañón, represar y derivar los
“excedentes” del río Huallaga hacia la cuenca del río Santa para
promover el desarrollo hidroenergético y agrícola del país. Felizmente
esta norma ya fue derogada por el actual gobierno.
Dramático escenario al 2021
Creo que la ocasión es sumamente oportuna para escuchar al
especialista agrónomo y forestal, Marc Dourojeanni, quién ha expresado
con firmeza y conocimiento de causa que el Perú debe detener las
negociaciones con Brasil en temas de derechos sobre recursos naturales,
en especial los hídricos, mientras no se elabore e implemente un Plan
de Desarrollo de la Amazonía Peruana.
En la obra advierten que “numerosas centrales hidroeléctricas
cortarán el flujo de los ríos generando energía para ser explotada. Del
mismo modo, carreteras, hidrovías, cruzarán de este a oeste la selva, y
evidentemente se extraerá petróleo, gas, madera y minerales. Los
impactos que cada uno de estos proyectos y actividades extractivas
cambiarán para siempre la Amazonía del Perú”.
Prosiguen los autores: “Si el desarrollo de la Selva no es orientado
de una forma más sensata (…) es presumible que a partir de los años 2030
en adelante, esa región sufrirá de múltiples problemas que por ahora
desconoce o que sufre discretamente”.
“La deforestación masiva y la degradación del bosque que habrán
sumado sus efectos negativos al calentamiento global, resultarán en
sequías insospechadas con probable aridización de extensas zonas, pero,
al mismo tiempo, la región sufrirá por fenómenos extremos de
inundaciones
“Obviamente, su valiosa biodiversidad se habrá reducido a muy poco y
sus ríos serán esencialmente estériles debido a la contaminación y a la
alteracióndel régimen hidrológico. Los bosques no tendrán más madera
noble y su valor comercial será muy bajo. La población será aún más
pobre que hoy, pues el costo de mantener agricultura con insumos a
partir del petróleo cada día más escaso será insostenible”.
No es mi intención ser aguafiesta de la celebración por la amazonía
pero considero que su valoración será más auténtica, completa y real si
consideramos también la necesidad de enfrentar los riesgos reales y
actuales que la degradan y amenazan. Y esto requiere construir un Plan
de Desarrollo de la Amazonía Peruana con la participación de los pueblos
indígenas, dueños ancestrales de los bosques amazónicos.
Notas:
(1) Alan García declaró de “interés nacional y social” 20 hidroeléctricas en río Marañón: http://servindi.org/actualidad/44059
(2) “Amazonía Peruana en 2021: Explotación de Recursos Naturales e
Infraestructura”, escrito por Marc Dourojeanni, Alberto Barandiarán y
Diego Dourojeanni. Descargar el texto completo del libro en formato pdf
con un clic en el siguiente enlace: http://www.amazonia-andina.org/sites/default/file/Amazonia%20peruana%20en%202021%20Marc%20Dourojeanni.pdf
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Anexo del libro “Amazonía Peruana en 2021: Explotación de Recursos Naturales e Infraestructura”:
Recomendaciones
- Declarar de inmediato una moratoria de decisión referente a obras nuevas así como sobre el inicio de construcción de las ya aprobadas para evitar continuar imponiendo acciones sobre las que la sociedad y las poblaciones afectadas no están siquiera informadas. Esta moratoria debería ser mantenida hasta la aprobación de un Plan de Desarrollo de la Amazonía Peruana.
- Congelar las negociaciones en curso entre el Perú y el Brasil para conceder al Brasil derechos sobre recursos naturales de la Selva, en especial los hídricos, hasta la terminación del Plan de Desarrollo de la Amazonía Peruana.
- Iniciar, de inmediato, la preparación de un Plan de Desarrollo de la Amazonía Peruana que, usando todas las opciones disponibles, brinde oportunidades claras y directas para la participación informada de la sociedad peruana, en especial la de la Amazonía.
- Cuando el Plan de Desarrollo de la Amazonía Peruana esté aprobado, éste debería ser amparado por una ley especial del Congreso que garantice su aplicación fiel durante un plazo mínimo de vigencia, que especifique el procedimiento obligatorio para eventuales modificaciones.
- Crear, por decisión del Poder Ejecutivo o en su defecto del Legislativo, la institución nacional con capacidad adecuada para conducir el mencionado proceso nacional, multisectorial y ampliamente participativo de planificación y que sea cabeza de un verdadero Sistema Nacional de Planificación con poder decisorio.
- Demandar que todos los grandes proyectos de inversión pública y los privados de importancia nacional sean integrados al proceso de la planificación nacional, con respeto estricto del ciclo normal de preparación de proyectos, pasando por revisiones y aprobaciones en cada fase, a partir del perfil.
- Exigir que se demuestre que los costos declarados de los proyectos en los estudios de factibilidad incluyan cabalmente los costos ambientales y sociales reales (externalidades) de los mismos.
- Establecer mecanismos de transparencia total e información detallada sobre los proyectos individuales a lo largo de toda su maduración y sobre el proceso de planificación.
- En el caso de los grandes proyectos de interés bi-nacional o fronterizo, establecer mecanismos específicos de control social en cada país y en conjunto.
- Establecer las normas que tornen obligatoria la inclusión, en los términos de referencia de los estudios de factibilidad de los grandes proyectos, el estimado de la generación de gases de efecto invernadero y los costos que le están asociados.
- Fortalecer el nuevo Ministerio del Ambiente dándole los medios y capacidades que corresponderían a la voluntad de hacer desarrollo realmente sostenible, incluyendo:
-
- Crear, en el ámbito de ese Ministerio, un legítimo Consejo Nacional Ambiental, con capacidad decisoria, integrado por los sectores y regiones, pero con fuerte representación de la sociedad civil y de la academia, presidido por el Ministro.
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- Exigir que las evaluaciones de impacto ambiental y social de las grandes obras públicas sean examinadas por expertos calificados, en plazos perentorios pero suficientes, con participación efectiva de la sociedad, en el ámbito de ese Ministerio, los que deben ser aprobados por el Consejo Nacional Ambiental.
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- Someter al ámbito del Ministerio del Ambiente el control de la explotación de los recursos naturales renovables salvajes (no cultivados o domesticados), como los forestales, fauna y pesca, creando los servicios autónomos que este tipo de actividades con grandes implicaciones ambientales requiere. La silvicultura y la piscicultura o acuacultura pueden depender de sectores productivos.
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- Consolidar la legislación sobre reservas territoriales, estableciendo las condiciones de su uso y transferir la responsabilidad de su gestión al Ministerio del Ambiente.
- Preparar un catastro de pasivos ambientales mineros y petroleros en la cuenca amazónica.
- Aumentar el número y el área de las áreas naturales protegidas por el Estado en la Selva, creando los corredores biológicos que sean necesarios, dando prioridad al establecimiento del Parque Nacional de la Sierra del Divisor y de las 8 reservas territoriales ya propuestas y, especialmente, mejorar la calidad de su manejo mediante inversiones sustanciales en las mismas.
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