
Luego de 17 días de valiente lucha de los pobladores de la provincia de Islay (Arequipa), en los cuales fallecieron tres civiles, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) emitió una resolución que declara inadmisible el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero Tía María.
La decisión fue fruto de una prolongada reunión en Lima entre los dirigentes del Frente Amplio de Defensa del Valle de Tambo, encabezados por su presidente José Julio Gutiérrez; el titular del Gobierno Regional de Arequipa, Juan Manuel Guillén Benavides; y los ministros del Interior y de Energía y Minas, Miguel Hidalgo y Pedro Sánchez, respectivamente,
“Hemos anunciado la emisión de una resolución directoral que declara inadmisible el proyecto e igualmente dispone que la empresa debe abstenerse de ejecutar cualquier actividad minera en la zona”, dijo Sánchez en conferencia de prensa.
Agregó que también se ha dispuesto que Southern Perú Copper Corp. (SPC), que pretendía ejecutar el polémico proyecto, inicie el retiro de sus equipos, maquinaria e insumos -que ya había llevado al distrito de Cocachacra.
Recordó que una de las medidas que planteó el MEM para resolver la problemática en torno a este caso, como parte una mesa de diálogo con autoridades vinculadas al tema, fue que la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) sea la entidad que evalúe la viabilidad del EIA.
“En consecuencia, cuando la empresa presentó el estudio nosotros lo trasladamos a la UNOPS y ésta emitió un conjunto de observaciones”, sostuvo. Sánchez comentó que el MEM esperaba que la empresa levantara dichas observaciones para luego volver a trasladarlo a la UNOPS.
“Sin embargo, en este procedimiento y dada la situación en que se encuentra el proyecto hemos tenido que adelantar la evaluación y revisar los documentos del EIA, concluyendo que hay algunos elementos que son insalvables en este proyecto, lo cual declara su nulidad”, puntualizó.
En tanto, Ricardo Quispe, secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) base Islay indicó que esperarán el retorno de la comitiva de dirigentes para confirmar la noticia y, de esa manera, deponer la paralización que acatan desde el 23 de marzo.
Así mismo, lamentó que las autoridades centrales y regionales hayan esperado que se derrame sangre para recién atender los reclamos de la población de esta provincia arequipeña, que desde un inicio rechazó la presencia minera. "Esperamos que en estos días el gobierno asuma también su responsabilidad porque esos tres muertos fueron a consecuencia de los oídos sordos, de no prestar atención a lo que ocurre en el sur del país", concluyó
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