¿Cumplirán con la deuda histórica de titular más de 20 millones de hectáreas de territorios indígenas o continuarán con la discriminación estatal?”, es la interrogante que lanzó la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) a los principales candidatos a la presidencia.
Son pocas las propuestas de los candidatos que se conocen sobre el trato hacia los pueblos indígenas, que justifica la preocupación de los dirigentes por lo que pueda ocurrir a partir de julio de este año cuando una nueva administración asuma las riendas del país.
No se sabe, por ejemplo, si se continuará la política de vulneración de derechos colectivos para beneficiar la inversión privada en territorios comunales y áreas protegidas, o si se promoverán políticas públicas que mejoren las condiciones de vida de estas poblaciones.
Aidesep sostiene que el Estado peruano se ha negado sistemáticamente a titular el espacio geográfico donde viven los pueblos originarios desde el 2008.
El principal argumento del gobierno es que todavía continúa el periodo de transferencia de funciones de Cofopri hacia los gobiernos regionales, acción que lleva más de tres años.
Aidesep explica que detrás existe una estrategia gubernamental para no titular, para que los pueblos indígenas no sean propietarios de sus territorios y consolidar así la entrega de bosques amazónicos a los inversionistas privados.
Con Informacion de Servindi.
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