Por desconsideración en esterilizaciones forzadas
El último viernes 5, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó, en conferencia de prensa, al Estado peruano por no haber cumplido con su obligación de investigar y castigar a los involucrados en la muerte de Mamérita Mestanza, una de las más de 2000 mil mujeres forzadas a pasar por esterilización durante el gobierno de Alberto Fujimori.
El posicionamiento de la CIDH fue fruto de la iniciativa de organizaciones de mujeres y de derechos humanos que estuvieron en Washington, Estados Unidos, la semana pasada, para denunciar nuevamente el caso durante el 140º Período de Sesiones de la Comisión Interamericana.
Mamérita Mestanza falleció en 1998, después de pasar por una cirugía de ligación de trompas realizada sin su permiso y sin la realización de exámenes previos de riesgo quirúrgico. Esta peruana es una de entre miles de otras que padecieron el Programa de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria, en vigencia entre los años 1996 a 2000. Sin embargo, su caso es emblemático, pues representa la crueldad cometida, sobre todo, contra campesinas, indígenas, habitantes del campo y mujeres en situación de pobreza.
En 1999, poco tiempo después de la muerte de Mestanza, la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), la organización Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), el Comité de América Latina y el Caribe por la defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem) y el Centro de Derechos Reproductivos (CRR) presentaron el caso a la CIDH y denunciaron al Estado peruano.
En 10 de octubre de 2003, se firmó un Acuerdo de Solución Amistosa en el que el gobierno reconoció su responsabilidad en el caso de Mestanza y se comprometió a adoptar medidas reparadoras que beneficien a la familia de la víctima. Además, el gobierno afirmó que cumpliría con la obligación de investigar y sancionar a todos los responsables, además de comprometerse con medidas de prevención para que el caso no se repita.
A pesar del reconocimiento de sus errores y de la firma del Acuerdo, siete años después no se ha hecho nada y el Acuerdo de Solución Amistosa continúa sin cumplimiento. Para Rosy Salazar, abogada de Demus, con esta actitud el gobierno de Perú evidenció la falta de voluntad política y la desconsideración frente a la impunidad en el caso de las mujeres esterilizadas forzodamente durante el régimen fijimorista.
Incluso con el desarrollo de los hechos en 2003, en diciembre de 2009 las organizaciones de mujeres y de derechos humanos que luchaban por justicia para el caso Mestanza confirmaron la intención del Estado peruano de mantener la impunidad. En esta fecha, el Ministerio Público archivó definitivamente el expediente que incluía a 2.074 víctimas de esterilización forzada, aunque el caso era imprescriptible por tratarse de una grave violación a los derechos humanos.
"El Estado da un mensaje a la nación y a la comunidad internacional de que los derechos humanos y la autonomía reproductiva de las mujeres no importan. La impunidad acentúa el daño causado a las miles de afectadas y a los familiares de por lo menos 18 víctimas de la esterilización forzada, política pública fujimorista aplicada en las gestiones de los ministros de Salud Eduardo Yong, Marino Costa, Jorge Parra y Alejandro Aguinaga", señaló la abogada de Demus.
La representante de la organización que defiende los derechos de las mujeres confirmó el pedido de visita oficial de la Relatora de la Mujer, Luz Patricia Mejía, al país, para analizar y constatar la situación de los derechos humanos de las mujeres peruanas.
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