Ayer se dio a conocer la sentencia del Tribunal Permanente de los Pueblos (1) que ha juzgado desde el pasado viernes 14, los ventisiete casos documentados de violaciones de derechos humanos cometidos por multinacionales europeas en América Latina con el apoyo de las instituciones y gobiernos de la Unión Europea.En el acto celebrado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, el presidente del Tribunal, el magistrado español Perfecto Andrés Ibáñez, acompañado de otros miembros del jurado, presentó la sentencia que comentó Alirio Uribe, miembro del colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Entre las alegaciones se pide “a los Estados miembros la adopción de normas nacionales que garanticen el acceso a su jurisdicción nacional civil y penal, por parte de las víctimas de abusos de derechos humanos o contra el medio ambiente, cometidos fuera de la Unión Europea por parte de una empresa o una de sus filiales con sede en un Estado miembro”.
Según se cita en la sentencia, “a la vista de los casos examinados por el TPP, es posible identificar una estrecha relación de funcionalidad entre las políticas públicas de la Unión Europea y los intereses de las ETN en sectores estratégicos. Es evidente que las instituciones europeas son permeables a la acción de los lobbies empresariales, y que existe una relación de interdependencia y tráfico de influencias entre los sectores privado y público”. Asimismo, se declara que “el derecho a la reparación es la garantía y reconocimiento de los derechos a la verdad y la justicia y no puede entenderse satisfecho cuando se sustenta en un marco de impunidad y olvido”.
Esta sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos se convocó a propuesta de la Red Birregional “Enlazando Alternativas IV”, dentro del programa de Actividades de la Cumbre Alternativa de los Pueblos que se clausuró el domingo en Madrid.
El texto completo de la sentencia se encuentra en www.enlazandoalternativas.org
El dossier de prensa del TPP
La sentencia del TPP no es solamente el resultado del trabajo de la Sesión Pública, que se ha desarrollado a lo largo de días muy intensos de manera totalmente independiente, en el contexto de la Cumbre de los Pueblos. Es la conclusión y expresión completa de una camino que a lo largo de 5 años ha implicado a una red de más de 300 grupos representativos de las poblaciones de América Latina y de Europa, comprometidos en un trabajo de colección de datos, testimonios, evidencias en todos los Países de América Latina y el Caribe para documentar la extensión y el impacto concreto de las políticas y de las prácticas cómplices de la UE y de sus ETNs sobre la vida y las posibilidades de autodeterminación de los pueblos de la Región.
Los más de 50 casos que han sido examinados por el TPP documentan dramáticamente el amplio espectro de violaciones cometidas que se confirman a lo largo de los años, gracias a un estado de substancial impunidad, nacional e internacional de todos los actores privados internacionales.
. El TPP pone en evidencia que esta invisibilización de las víctimas y de los pueblos aún con respecto a principios e instrumentos de derecho vigentes, han sido considerados específicamente una característica cultural y política de los Países europeos, es la consecuencia de un acelerado y profundo cambio de paradigma que se expresa de manera ejemplar en la relación entre Europa y América Latina y el Caribe: a una reiteración formal de la adhesión a los principios del derecho corresponde una disociación sistemática de la prácticas.
La sesión del TPP de Madrid puede considerarse un modelo al documentar la complicidad, a través del análisis de los casos presentados, entre las transnacionales europeas y las instituciones de la Unión Europea, para dar prioridad exclusiva y obligatoriedad a las reglas económicas, evitando los compromisos jurídicos a favor de la autorregulación en cuanto al respeto del derecho internacional de los derechos humanos.
La orientación creciente de la Unión Europea en el sentido de privilegiar objetivos de competitividad y no brindar atención concreta a las evidencias sobre las consecuencias trágicas, aparece en total contradicción con los compromisos asumidos con el Tratado de Lisboa, que pretenden conformar su antigua vocación de ser cuna y modelo del derecho, como guía y término de referencia para la sociedad.
Retomando, calificando, articulando las acusaciones y las pruebas que han sido presentadas durante las diferentes sesiones por los testigos y los expertos que han contribuido, el TPP cumple con este dictamen que debe ser leído en todo su detalle, con su misión de traducir en términos de responsabilidad precisa de la Unión Europea y de las transnacionales las numerosas violaciones. Es tarea específica del TPP dar espacio prioritario no solamente a la denuncia de las violaciones sino a un futuro que debe ser posible. La situación presente no permite ilusiones. El TPP es perfectamente consciente que la resistencia, la lucidez, la conciencia de los pueblos son la única posible garantía de un futuro diferente. Las recomendaciones que se formulan no quieren llenar un vacío: son un cuadro de referencia donde hay obligaciones claras, posibilidades que debieran ser, pero no son, obvias. Se hacen propuestas de instrumentos de visibilidad, de afirmación, de lucha para los derechos de las víctimas, como marco de referencia para determinar si la Unión Europea y sus empresas transnacionales son capaces de decidir de manera clara e inequívoca entre los derechos de las víctimas y los derechos del mercado, y, bajo esa perspectiva poder juzgar su comportamiento.
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