La pagina web de AlertaPeru.org informa lo siguiente:
Hoy, en horas de la mañana, Oscar Romero Malca, dirigente rondero de la provincia de Santa Cruz (Cajamarca), se dirigía junto con una comitiva a una reunión con parlamentarios en las instalaciones del Congreso de la República. Grande fue su sorpresa cuando los efectivos policiales lo retuvieron alegando que tenía una requisitoria pendiente por los incidentes ocurridos el año 2004 en protestas contra el proyecto minero La Zanja. Ello, a pesar de que el día anterior también había estado en el Congreso sin impedimento alguno. En este momento, Romero se encuentra detenido en Requisitorias, en Lima, y es probable que sea llevado a una cárcel en Cajamarca.
Estibaldo Quispe, presidente de la Federación Provincial de Rondas Campesinas de Santa Cruz, acompañaba en sus gestiones a Romero cuando se produjo el arresto. En declaraciones a Alerta Perú, Quispe explicó que la delegación había venido a Lima para realizar gestiones en el Congreso y el Ministerio de Energía y Minas en protesta contra la contaminación ambiental que, dicen, ya está produciendo la minería. Romero fue detenido cuando estaba en actitud totamente pacífica e iba a reunirse por segundo día consecutivo con parlamentarios. No tenían ninguna notificación de que se encontraba requisitoriado.No es la primera vez que ocurre algo así: el dirigente minero Pedro Condori también fue detenido cuando salía de una reunión en el Ministerio de Trabajo. Parece que ya no hay ninguna seguridad de que los espacios de diálogo con el Estado no sean utilizados para llevar a la práctica la persecución contra dirigentes sociales.
El cargo que pesa contra el líder campesino es por “robo agravado”, cosa que a juicio de Quispe es más indignante aún ya que los ronderos “justamente luchamos contra los robos en nuestros territorios”. Unos 30 campesinos enfrentan procesos judiciales desde el 2004, cuando se produjeron incidentes que terminaron con la quema del campamento de la mina La Zanja, ubicada en el distrito de Pulán (Santa Cruz, Cajamarca).
En otro momento, Quispe aseguró que los pobladores de la zona desean seguir viviendo de la manera tradicional, con una economía sostenible basada en la agricultura y la ganadería, y solicitó que si se quiere invertir en el distrito se invierta en esos rubros. “Por ejemplo, sabemos que un millón invertido en agricultura puede generar 150 puestos de trabajo, mientras que el mismo millón invertido en minería genera sólo un puesto de trabajo”, enfatizó.
Alerta Perú también conversó con Celso Santa Cruz, alcalde de Pulán, quien explicó que el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto La Zanja, aprobado por el Ministerio de Energía y Minas en abril del 2009, tiene una serie de irregularidades. “Las audiencias públicas no tuvieron nada de públicas”, aseguró, pues la empresa no habría permitido entrar a los dirigentes ni al equipo técnico conformado vinculado con la municipalidad. Según Santa Cruz, en la última audiencia de julio del 2008 sólo había unas 200 personas reunidas en el local, mientras unos 7 mil campesinos estaban protestando afuera. El proyecto, afirmó el alcalde, es rechazado por la población porque se ubica en la cabecera de la cuenca del río Chancay y afectaría la calidad del agua, pues utilizaría mercurio en el proceso de lixiviación del mineral. El alcalde mostró un estudio remitido por la propia Fiscalía Provincial de Santa Cruz en el que se indica que la presencia de plomo en el agua es de 12 partes por billón, y la presencia de cadmio es de 0,69 partes por billón, lo que sería muy cercano a los máximos permitidos (para plomo, 15 partes por billón). Según la población, esto se debe a contaminación producida por la empresa durante la etapa de exploración.
La Zanja es un proyecto altamente conflictivo en la zona. El 2004, el comunero Juan Romero Lingán murió en enfrentamientos con trabajadores de la empresa, pero los autores materiales del crimen no han sido sancionados. En tanto Alejandro Izquierdo, otro dirigente de la zona, estuvo detenido durante alrededor de dos años por cargos de secuestro y extorsión -también por participar en protestas- pero finalmente fue absuelto.
El proyecto minero La Zanja es propiedad del Grupo Buenaventura en un 53% y de la norteamericana Newmont en un 47%, y espera extraer más de 500 mil onzas de oro y casi cuatro millones de onzas de plata a través de una explotación a tajo abierto. Casi el 100% del distrito de Pulán está concesionado a distintos proyectos mineros, en tanto que el 65% de la provincia de Santa Cruz se encuentra en la misma situación.
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