Fuente Ideele Radio
La Procuraduría Ad Hoc para el caso Fujimori-Montesinos desaparecería totalmente la próxima semana y esta “estocada final” implicaría que su carga procesal pasará al despacho del procurador anticorrupción Jorge Luis Caldas y que no se solicitará la ampliación de la extradición de Alberto Fujimori, advirtió Omar Chehade, ex jefe de la Unidad de Extradiciones.
“(Esto) es parte de un proceso de degradación de la lucha contra la corrupción. Ya hemos recibido información de que después de la purga pasada de noviembre, aparentemente la estocada final vendría la próxima semana con la desactivación absoluta, pues todos (sus integrantes) estarían dejando sus cargos y no se les va a renovar (el contrato), y la carga procesal la tomaría fusionada el procurador Caldas, que recibe instrucciones del gobierno y habría un mayor manejo del Ejecutivo de los casos Fujimori-Montesinos”, manifestó en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.
“Esto es una abdicación absoluta por parte del Estado de luchar contra la mafia fujimontesinista, es un matrimonio descarado con el mayor desparpajo entre el Poder Ejecutivo, sobre todo el presidente García, con los fujimontesinistas (…) Esta liquidación total de la Procuraduría Anticorrupción va a traer como consecuencia que ningún cuadernillo de extradición en vía de ampliación se remita a Chile y será la estocada final de la impunidad”, agregó.
Remarcó que la violación de derechos humanos en el penal Miguel Castro Castro, las ejecuciones extrajudiciales a los subversivos del MRTA en la residencia del embajador del Japón y el golpe de Estado del 5 de abril, no podrán ser casos por los que se procese a Fujimori Fujimori si no se tramita la ampliación de la extradición.
Deberían levantarle la inmunidad a Cecilia Chacón
En otro momento se refirió a las declaraciones de Luis Miguel Portal Barrantes -esposo de la congresista fujimorista Cecilia Chacón- quien admitió ante la Primera Sala Anticorrupción en octubre del 2004, que ingresó más de 100 mil dólares al Perú y que no declaró ese monto ante las autoridades de Estados Unidos, donde vivió entre 1995 y 1999 junto a la hoy vicepresidenta del Poder Legislativo.
“Habría que investigar esas transferencias y por un mínimo de ética a la congresista Chacón se le debería levantar la inmunidad para comenzar una investigación seria en el Poder Judicial, tan seria como se le ha iniciado a muchos ciudadanos por lavado de activos y por transferencias sospechosas”, opinó.
“Allí podría haber una serie de concurso real de delitos, como lavado de activos y complicidad en enriquecimiento ilícito, entre otros delitos. En esa época la congresista no era funcionaria, pero pudo haber sido un dinero del padre (el ex general Walter Chacón), transferido para ocultarlo a sus hijos como tantas veces a pasado, como el (caso) del general (César) Saucedo, (Nicolás) Hermosa y (José) Villanueva Ruesta, entre otros y de repente no es la excepción”, apuntó.
Recomendó a la Unidad de Inteligencia Financiera y al Ministerio Público que se preocupe por este tema y que la Primera Fiscalía Superior Especializada en Criminalidad Organizada, en la que despacha el magistrado Mateo Castañeda, investigue “la procedencia de estos dineros sospechosos para ver si existe una conexión con el general Walter Chacón”.
Fallo del TC fue golpe a la lucha contra la corrupción
En otro momento, calificó como “un duro golpe a la lucha contra la corrupción” la resolución del Tribunal Constitucional (TC) que excluye al ex general Walter Chacón Málaga, de un proceso por supuesto enriquecimiento ilícito. No obstante, dijo que debe reconocerse que existió una dilación espectacular de expedición de sentencia en el caso de los ex generales de la “Promoción Montesinos”.
“El general Chacón es una persona que ha sido del cogollo del gobierno fujimorista y que por supuesto ha cometido aparentemente actos de corrupción y que no fueron sancionados en su oportunidad. Evidentemente que hay responsabilidad, no tanto de las juezas Inés Villa Bonilla, sino del sistema judicial que está anquilosado”, señaló.
“Fue una decisión dolosa del gobierno de no darle facilidades a la Sala Anticorrupción, para que pudieran juzgar y acelerar el trámite. (…) Creo que los jueces Inés Villa Bonilla y otros se han visto atados de manos y no han tenido mayor capacidad para agilizar las diligencias por falta de tiempo, por tener otros procesos, por no tener procesos en exclusividad”, añadió.
Chehade Moya recordó que César San Martín pidió exclusividad para desarrollar el juicio a Fujimori y que el resultado fue positivo. Aseveró que lo mismo debió suceder en muchos megaprocesos, pero lamentó la falta de apoyo de este gobierno.
“Esta demora de la entrada en vigencia del CPP ha sido una omisión dolosa de seguir prorrogando su entrada en vigencia y además los últimos gobiernos no han destinado más recursos al sistema anticorrupción, para que se dediquen a determinados casos complejos, como el del general Chacón”, sentenció.
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