por Javier Gragera Gómez *
El pueblo awajún fue la etnia amazónica que protagonizó, junto a sus hermanos wampis, el corte de la carretera Fernando Belaunde Terry a la altura de la Curva del Diablo. Una desesperada medida de protesta que se tiñó de sangre el fatídico 5 de junio, el día del “Baguazo”, como consecuencia del negligente operativo de desalojo policial que provocó numerosos damnificados y 34 víctimas mortales, entre agentes policiales y civiles. El pueblo awajún ha sido una de las etnias más comprometidas con el movimiento amazónico desde que se inició la lucha popular contra las “Ley de la Selva”, el paquete de decretos legislativos que vulneran sus derechos constitucionales. Su gente tuvo que pagar un alto precio para lograr alzar la voz y atraer la atención del Gobierno y la opinión pública. Pero, ahora que han pasado 5 meses desde los sucesos de Bagua, se empieza a diluir el interés mediático sobre la causa amazónica. De nuevo, pocos son los que parecen preocuparse por el estado de las reivindicaciones indígenas y las consecuencias que ha provocado el “Baguazo” en los miembros de sus comunidades. ¿Cuál es la situación actual del pueblo awajún? ¿Qué reclama su gente al Estado y a la sociedad peruana con respecto al “conflicto amazónico” y los sucesos de Bagua? Para averiguarlo, en primera persona, quien escribe este artículo ha estado casi dos semanas en la selva del Departamento de Amazonas, entre las cuencas de los ríos Chiriaco, Nieva y Marañón.
La principal reclamación del pueblo awajún es que se haga justicia. Simon Weepiu, un dirigente social de la comunidad indígena de Yamayakat, en la cuenca del Marañón, considera imprescindible que todos los culpables de los incidentes de Bagua sean reconocidos públicamente, juzgados y condenados. Simon Weepiu se pregunta por qué sólo hay detenidos y procesados entre la población civil cuando “las balas de la policía también contribuyeron al derramamiento de sangre”. Es necesario reconocer las responsabilidades de forma equitativa y, por tanto, investigar a los representantes del gobierno y los altos mandatarios policiales que aprobaron y dirigieron el operativo de desalojo de la carretera, cuya nefasta e insensata planificación dio origen al enfrentamiento violento entre indígenas y los agentes de las fuerzas del orden. Mientras se mantenga la total impunidad del Estado, “la tensión, el miedo y la preocupación social atenazarán al pueblo awajún”, asegura Simon Weepiu.
Esta aplicación parcial de la justicia estaría legitimando una “persecución política” contra los principales líderes y dirigentes sociales de las comunidades awajún. Tras los sucesos de Bagua, decenas de representantes amazónicos han sido acusados de actos delictivos y tienen procesos judiciales abiertos en su contra. Muchos de ellos, por desconfianza en el Poder Judicial y temor a ser víctimas de esta “persecución política”, han huido y se han ocultado en el interior de la Selva. No es el caso de Santiago Manuin, uno de los más valorados representantes del pueblo awajún, quien espera recuperarse de sus heridas de bala antes de presentarse ante el juez. Durante sus primeros meses de hospitalización, un grupo de policías custodiaba su persona. Después de la penúltima operación, los agentes se retiraron: gracias a las protestas sociales y la presión mediática, el Poder Judicial cambió su situación de detenido a orden de comparecencia en el juzgado. Contra su persona recae la acusación de instigar a los enfrentamientos violentos contra la policía, mientras numerosos manifestantes indígenas aseguran que Santiago Manuin siempre reivindicaba una solución pacífica al conflicto. Numerosas personas presentes en la Curva del Diablo coinciden en que no fue Santiago Manuin, sino el disparo de fusil AKM que le atravesó la barriga, uno de los detonantes que hicieron estallar la violencia.
“Nuestros hermanos nativos no son terroristas”, afirma Ma. Carmen Gómez, religiosa española que trabaja en la Misión de San José en Chiriaco y, al día de hoy, miembro de la Comisión Investigadora de los sucesos de Bagua. Según su parecer, el Gobierno aprista está poniendo en práctica una desproporcionada campaña de criminalización del movimiento amazónico para descabezar sus órganos de representación y silenciar sus protestas. Sin embargo, esta estrategia estaría destinada a fracasar porque “la persecución política no es contra un partido o un sindicato, sino contra todo un pueblo. Y la voz de un pueblo que busca justicia nunca se podrá callar”. Ma. Carmen fue elegida miembro de la Comisión Investigadora en virtud a su conocimiento de la realidad social de la Amazonía y por ser testigo presencial de los enfrentamientos en la Curva del Diablo. Ella afirma que allí no vio extremistas ni asesinos de policías, como afirma el discurso aprista, sino personas que estaban protestando pacíficamente para reivindicar sus derechos hasta que tuvieron que hacer frente a una agresión.
Dentro de las estrategias de lucha clandestina contra el movimiento amazónico, varios representantes del pueblo awajún denuncian la aparición de “falsos defensores de la Amazonía” y la filtración de agentes afines al Gobierno en las organizaciones indígenas. Su objetivo sería quebrar la unidad de los comités de lucha amazónica y favorecer los intereses políticos del Estado. Incluso se habla de personas que recorren las comunidades comprando votos. Para contrarrestar estas maniobras de desestabilización política y psicológica, los representantes de las comunidades awajún están organizando encuentros con las grandes organizaciones nacionales amazónicas con el propósito de consolidar el movimiento y fortalecer sus compromisos comunes. En estas reuniones no se descarta la realización de un “proceso de saneamiento” si se encuentran discrepancias insalvables entre los frentes de reivindicación.
Otro reclamo del pueblo awajún es que el Gobierno no se olvide de los damnificados y los familiares de las víctimas del “Baguazo”. El Estado está en la obligación de cubrir los gastos médicos de los heridos civiles y apoyar e indemnizar a todos los hogares que se han visto despojados de la vida de uno de sus miembros. Sin embargo, el Gobierno no ha hecho nada por ellos hasta el momento. Jesús Saan, poblador de la comunidad de Wachapea, en la cuenca del río Chiriaco, recibió un balazo que le destrozó el colón. El orificio de salida de la bala parece no querer cerrarse y aún parece lejana la fecha en la que su vida retome el cauce de la normalidad. “Nadie del Gobierno se ha preocupado por mi estado de salud”, afirma Jesús Saan. Él se siente abandonado por las instituciones del Estado, aunque sus quejas también están dirigidas a otras instituciones: “Tampoco he recibido el apoyo de ninguna organización amazónica, las cuales dicen defender y preocuparse por los miembros de sus comunidades”. A Jesús Saan le asusta que su vida haya sufrido un cambio irreversible el pasado 5 de junio. “Ahora pienso en cuando podía trabajar para dar de comer a mis hijos… Tengo miedo de no volver a ser fuerte”, confiesa con la voz quebrada. Las únicas ayudas que Jesús Saan desde que fue herido en la Curva del Diablo provienen de su propia comunidad y de instituciones de la Iglesia Católica, que están cubriendo todos sus gastos sanitarios y de desplazamiento.
La última reivindicación del pueblo awajún es la misma que, hace ya más de un año, dio origen al conflicto amazónico: la derogación de la totalidad de las denominadas “Leyes de la Selva”. Ellos consideran que estas reformas legislativas son inconstitucionales y no respetan los derechos internacionales reconocidos a las comunidades indígenas, como la consulta previa ante medidas que afecten a sus territorios. Una coyuntura legal que, además, vulnera la integridad de sus tierras y permite al Gobierno conceder licencias de explotación sin el consentimiento de sus pobladores, como ya ha sucedido en la Cordillera del Cóndor, en el norte del Departamento de Amazonía, donde el Estado ha recortado el área ecológica del Parque Nacional Ichigkat Muja para favorecer los intereses de la empresa minera Afrodita SAC y la canadiense Dorato Resources Inc. Una situación que ha sido denunciada por las comunidades awajún y wampis que habitan la cuenca del río Cenepa, pero sin recibir ninguna respuesta por parte de las instituciones públicas. La derogación de todos los decretos legislativos es una premisa esencial para poner fin al conflicto amazónico y poder entablar un diálogo eficaz y constructivo con el Gobierno sobre cómo aprovechar los recursos naturales de la Amazonía.
Estos son los reclamos del pueblo awajún. Ahora le toca al Gobierno escucharlos, analizarlos y poner todos los medios posibles a su alcance para darles una respuesta inmediata. Este debería ser el objetivo de las Mesas de Diálogo del Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos, junto con las conclusiones de la Comisión Investigadora, dos entidades constituidas por el Gobierno tras los sucesos de Bagua. Sin embargo, son muchos los miembros de las comunidades awajún que ya no creen en los poderes públicos ni en las mesas de diálogo. Están cansados y desilusionados, y las iniciativas de diálogo con el Gobierno las consideran una inútil e insensible “mecida” de su pueblo. Pero la mayoría de líderes amazónicos insisten en agotar todos los medios democráticos para alcanzar una solución al conflicto, antes de volver a salir de sus comunidades e iniciar nuevas protestas públicas. El recuerdo del pasado 5 de junio duele profundamente en el corazón del pueblo awajún. Una trágica fecha que, sin embargo, les ha ayudado a aprender una lección inolvidable: ante la violencia y el enfrentamiento entre hermanos, siempre pierde el ser humano.
* Periodista y fotógrafo español
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