Fujimori admitió su responsabilidad en los cargos que se le imputa. Así su sentencia se dictará este miércoles. La Fiscalía pide 8 años de prisión y un pago de S/.5 millones a favor del Estado y S/.3 millones en forma proporcional para agraviados por “chuponeo”.
El miércoles 30 de setiembre a las 11:00 horas la Sala Penal Especial de la Corte Suprema dictará sentencia en el juicio que se sigue al ex mandatario Alberto Fujimori, al acogerse el proceso a la figura legal de conclusión anticipada, aceptando la totalidad de la acusación fiscal.
“Mediante el artículo 5º de la Ley 28122 se declara formalmente la conclusión anticipada a los debates orales y estando a lo dispuesto se emitirá sentencia el próximo miércoles, a las 11:00 horas”, indicó el magistrado Víctor Prado Saldarriaga, previa consulta con los demás integrantes del colegiado.
Con un escueto: “estoy conforme”, el ex presidente Fujimori aceptó la acusación fiscal leída por el representante de la Fiscalía de la Nación, José Antonio Peláez Bardales, la que luego también fue aceptada por el encargado de su defensa legal, César Nakazaki.
El abogado, agregó que la “conformidad voluntaria” expresada por Fujimori Fujimori se debe a que existe una “convicción” de que no habría “imparcialidad” por parte de la sala que juzga a su defendido.
Ambas partes se mostraron a favor de la medida, en tanto la parte civil como del Estado se mostraron a favor de la misma, no obstante que el procurador Pedro Gamarra pidió que se tomase en cuenta en la sentencia una reparación civil de 24 millones 60 mil 216 nuevos soles.
Ello debido a que los dineros para la compra de Cable Canal de Noticias y el diario Expreso, que formaban parte del erario nacional, no fueron devueltos, por lo que se generaron intereses por 16 millones 60 mil 216 soles, los cuales, junto a los cinco millones pedidos por la Fiscalía suman la cantidad pedida por la Procuraduría.
La presentación de la acusación fiscal, realizada por el fiscal José Peláez Bardales, fue dividida en los casos de “interceptaciones telefónicas”, “control ilegal de medios de comunicación” y la “compra ilegal de congresistas tránsfugas”.
1er Caso: Interceptación telefónica
En la acusación por “interceptaciones telefónicas”, Peláez Bardales indicó que desde el año 1990 el ex presidente Alberto Fujimori junto a su ex asesor Vladimiro Montesinos y con la participación de los comandantes generales de las Fuerzas Armadas, diseñaron y conformaron el “Plan Emilio”, con la finalidad de interceptar las comunicaciones de ciudadanos “adversos al régimen”.
Para materializar ello, agregó, se usaron fondos públicos para la adquisición de interceptación y se instalaron centros de escucha; además con el mismo dinero se pagó a personal encargado de realizar estas interceptaciones, quien “era el principal beneficiado” con estas actividades.
Asimismo, refirió que las órdenes para realizar estas acciones ilícitas fueron efectuadas por el propio Fujimori, quien, incluso, emitió resoluciones destinadas a la compra de equipos y egresos del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN).
De igual modo, Peláez Bardales refirió que Fujimori conocía de las actividades del centro de interceptaciones instalada en el propio Palacio de Gobierno, denominado “Casablanca”.
2do Caso: Control de medios
Respecto a la “compra ilegal de medios de comunicación”, el fiscal afirmó que desde el año 1999, Alberto Fujimori “coordinó y encargó” a Montesinos Torres la compra y adquisición de un canal de señal cerrada y de la línea editorial de un diario local.
Por ello, se adquirió tanto el Cable Canal de Noticias (CCN) y Expreso con la intención de seguir manteniéndose en el poder, cuyos hechos, dijo Peláez Bardales están debidamente acreditados.
En otro momento, el fiscal refirió que la compra de medios de comunicación se efectuó con dineros del Estado, los cuales, fueron derivados de fondos de los institutos armados, de 250 mil dólares de forma mensual.
La orden para realizar este desvío de fondos fue ordenada por el ex presidente Fujimori, quien además tuvo una activa participación, según determinó las declaraciones realizadas por la testigo Matilde Pinchi Pinchi.
3er Caso: Congresistas tránsfugas
En el caso de la “compra de congresistas”, Peláez Bardales señaló que en el año 2000 Alberto Fujimori “diseñó, planificó y dirigió” un plan de “reclutamiento” de congresistas para que abandonen sus bancadas y pasen a formar parte de las filas del partido de gobierno.
Ello, añadió el fiscal, se produjo luego de las elecciones de 3 de abril del año 2000, cuando el partido de Fujimori no obtuvo la mayoría parlamentaria.
Precisó que los fondos para realizar la compra de los congresistas elegidos, provino de fondos del SIN que, a su vez, eran derivados de los ministerios de Defensa y del Interior.
La Fiscalía de la Nación, solicitó que Fujimori sea condenado a una pena de ocho de prisión y pague una reparación civil de cinco millones de nuevos soles a favor del Estado y tres millones en forma proporcional a favor de los agraviados por el delito de interceptación telefónica.
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