El Instituto de Defensa Legal (IDL) cuestionó la Resolución
Administrativa 096-2012-CE-PJ del consejo ejecutivo del Poder Judicial
que ordena el cambio de competencia para los casos de las protestas en
Cusco y Cajamarca hacia los juzgados de Ica y Lambayeque,
respectivamente.
IDL pidió al presidente del Poder Judicial y al consejo ejecutivo que
se derogue dicha norma y que sean garantes de la independencia de su
institución y de los jueces de las zonas convulsionadas.
Asimismo exigió que el Gobierno Central modifique su política de
enfrentar los conflictos sociales y que deje de realizar prácticas que
son propias de gobiernos autoritarios y que no corresponden a épocas
de democracia.
Señaló que el Fiscal de la Nación debería garantizar la
independencia del Ministerio Público y no emitir una norma similar a
la dictada por el Poder Judicial.
El pronunciamiento de IDL pide a los jueces no aplicar la resolución
administrativa y hacer respetar la Constitución Política y las leyes.
Los casos que han cambiado de competencia incluye a aquellos que se encuentran en trámite.
Cargamontón de poderes para criminalizar la protesta
“La voluntad política del Gobierno Central por criminalizar la
protesta ha sido trasmitida al Poder Judicial y al Ministerio Público,
en una reunión con el ministro de Justicia y el ministro del Interior
llevada a cabo el jueves 31 de mayo pasado (tal como lo reconoce la nota
de prensa del Poder Judicial) y mediante un oficio reservado cursado
por el ministro del Interior (tal como consta en la citada resolución)”.
“Como respuesta a ese pedido, el Poder Judicial emitió una (…)
cuestionable resolución administrativa, sumándose a la política
gubernamental, resquebrajando el principio de independencia judicial
externa y poniendo en riesgo la garantía de un juicio debido para las
personas involucradas en los actos de protesta”, señala el comunicado de
IDL.
“La Resolución Administrativa 096–2012–CE–PJ es inconstitucional e
ilegal. Además, porque no resiste al test de razonabilidad, habida
cuenta que el Poder Judicial en la ciudad de Cusco y en la región
Cajamarca se encuentran funcionando normalmente”.
“Eso significa que no hay una privación del derecho de acceso a la
justicia, como denuncia la exposición de motivos de la resolución.
Además, en la Corte de Cajamarca y Cusco existen jueces honestos que
han dado muestras de independencia y capacidad de garantizar un juicio
debido. Por el contrario, la obligación de litigar ante las otras
cortes coloca barreras de acceso a la justicia para los campesinos y
pobladores cusqueños y cajamarquinos, mellando su derecho a la defensa y
al juez natural”.
En ese sentido, prosigue el pronunciamiento, “los operadores
jurídicos están llamados a preferir la Constitución, la Ley Orgánica del
Poder Judicial, la Ley de la Carrera Judicial y los respectivos códigos
sustantivos y procesales para no aplicar la Resolución Administrativa
096-2012-CE-PJ y hacer primar el Estado de Derecho y la independencia
judicial”.
Más aún, en un exceso de la irregularidad, la resolución
administrativa ha sido publicada el día de hoy (1 de junio) en el diario
oficial El Peruano, por lo que entra en vigencia recién mañana (2 de
junio) y no puede utilizarse para justificar el traslado del alcalde de
Espinar a Ica. En consecuencia, el ilegal traslado llevado a cabo hoy no
puede justificarse ni por la resolución 096-2012-CE-PJ.
Violación de derechos en Espinar
La actuación del Gobierno en el caso de Espinar, Cusco, choca contra quienes reclaman respeto al Estado de Derecho.
La detención ilegal de varios dirigentes incluido el alcalde Óscar
Mollohuanca, el uso indebido de armas letales que ya cobró la vida de
dos pobladores, la siembra de pruebas, entre otras, son muestras de la
errada respuesta del Gobierno a las protestas de la ciudadanía.
Asimismo, para la población de esta provincia, la actuación de la
policía nacional es censurable, en especial de la Dinoes. Desde hace
años, afirman, muchos de sus miembros actúan bajo las órdenes de la
minera Xstrata Tintaya sin que cumplan su rol de garante de derechos.
Durante las protestas, denunciaron los dirigentes, la logística para
reprimir las manifestaciones fue ofrecida por la minera y no se descarta
que pueda existir un convenio entre ellos.
Según uno de los abogados que sigue el caso, las detenciones se han producido sin orden judicial y sin flagrancia.
Al mismo tiempo, la Vicaría de Sicuani se encontraría en la mira de
grupos vinculados al Gobierno con la intención de eliminar a los aliados
de la sociedad civil.
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