La preocupación y el pesar manifestados por el presidente Ollanta Humala
por el golpe parlamentario contra su homólogo de Paraguay, Fernando
Lugo, sintetizan la repercusión que tiene en Perú el grave suceso.
Humala dijo anoche, en un mensaje al pueblo y a las autoridades de ese país, que la destitución del Presidente Constitucional de Paraguay es "un revés al proceso democrático en la región y obliga a nuestros países a mantenerse vigilantes".
Tras destacar la participación de su canciller, Rafael Roncagliolo, en la misión de la Unión de Naciones de América del Sur (Unasur) que visitó Paraguay ante la crisis, reiteró su solidaridad con el pueblo paraguayo.
También llamó a la unidad de los países de Unasur y no descartó que el bloque suramericano adopte de medidas respecto a Paraguay.
Por su parte, la vicepresidenta Marisol Espinoza dijo que la destitución de Lugo es "un golpe a la democracia" en América Latina y se solidarizó con los campesinos paraguayos que defiende la democracia en las calles, a pesar de la represión policial.
Para Espinoza, lo sucedido en ese país amerita reflexionar sobre la responsabilidad de los partidos en la defensa del orden constitucional y la democracia.
Según el vocero de la bancada parlamentaria del bloque oficialista Gana Perú, Fredy Otárola, el golpe merece condena absoluta y fue realizado mediante un dudoso procedimiento que "ha pisoteado la Constitución y ha avasallado el Estado constitucional de derecho", consideró el legislador.
Previamente, diversos analistas coincidieron en condenar el golpe y manifestar su preocupación porque afecta a toda la región, mientras el Partido Comunista Peruano (PCP), así como el diario centroizquierdista La Primera, denunciaron que Estados Unidos está tras el derrocamiento de Lugo.
El analista Juan de la Puente señaló el carácter anticonstitucional de la destitución de Lugo y afirmó que el parlamento paraguayo "ha violado el pacto republicano, debilitando la institución presidencial y rompiendo el equilibrio de los poderes que obliga a un control político racional".
Consideró inadmisible un juicio político sin investigación y sin defensa. "El proceso a Collor de Mello (Brasil) duró de agosto a diciembre de 1992 y el de Nixon por lo menos dos años.
A Lugo lo degollaron con una hoja de papel en cinco minutos", sentenció el experto.
Humala dijo anoche, en un mensaje al pueblo y a las autoridades de ese país, que la destitución del Presidente Constitucional de Paraguay es "un revés al proceso democrático en la región y obliga a nuestros países a mantenerse vigilantes".
Tras destacar la participación de su canciller, Rafael Roncagliolo, en la misión de la Unión de Naciones de América del Sur (Unasur) que visitó Paraguay ante la crisis, reiteró su solidaridad con el pueblo paraguayo.
También llamó a la unidad de los países de Unasur y no descartó que el bloque suramericano adopte de medidas respecto a Paraguay.
Por su parte, la vicepresidenta Marisol Espinoza dijo que la destitución de Lugo es "un golpe a la democracia" en América Latina y se solidarizó con los campesinos paraguayos que defiende la democracia en las calles, a pesar de la represión policial.
Para Espinoza, lo sucedido en ese país amerita reflexionar sobre la responsabilidad de los partidos en la defensa del orden constitucional y la democracia.
Según el vocero de la bancada parlamentaria del bloque oficialista Gana Perú, Fredy Otárola, el golpe merece condena absoluta y fue realizado mediante un dudoso procedimiento que "ha pisoteado la Constitución y ha avasallado el Estado constitucional de derecho", consideró el legislador.
Previamente, diversos analistas coincidieron en condenar el golpe y manifestar su preocupación porque afecta a toda la región, mientras el Partido Comunista Peruano (PCP), así como el diario centroizquierdista La Primera, denunciaron que Estados Unidos está tras el derrocamiento de Lugo.
El analista Juan de la Puente señaló el carácter anticonstitucional de la destitución de Lugo y afirmó que el parlamento paraguayo "ha violado el pacto republicano, debilitando la institución presidencial y rompiendo el equilibrio de los poderes que obliga a un control político racional".
Consideró inadmisible un juicio político sin investigación y sin defensa. "El proceso a Collor de Mello (Brasil) duró de agosto a diciembre de 1992 y el de Nixon por lo menos dos años.
A Lugo lo degollaron con una hoja de papel en cinco minutos", sentenció el experto.
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