El alcalde de la localidad de Espinar, en el sur de Perú, permanece detenido desde el 30 de mayo. Se arriesga a sufrir malos tratos y podría enfrentarse a un juicio injusto.
Según las ONG locales de derechos humanos, el alcalde de Espinar, Oscar Mollohuanca, fue detenido el 30 de mayo en el edificio de la municipalidad por al menos 30 agentes de policía, que no mostraron orden de detención alguna y no dijeron por qué motivo lo detenían.
Lo llevaron durante unas horas a una comisaría de policía en el campamento minero de Tintaya Marquiri, y luego lo trasladaron en helicóptero a la capital de la provincia, Cuzco. Al día siguiente, al anochecer, lo trasladaron a la región de Ica, en el norte del país, donde, tras un cambio de jurisdicción, se examinará su caso.
Las ONG locales temen que esta detención pueda formar parte de una campaña para estigmatizar al alcalde, que había criticado públicamente el acuerdo actual entre el gobierno y la empresa minera que actúa en la zona. Otras 25 personas han sido detenidas desde el 28 de mayo en Espinar, tras violentos enfrentamientos entre policías y manifestantes durante las protestas por las operaciones mineras en la zona. Todas ellas se encuentran ahora en libertad condicional, sometidas a investigación. La mayoría afirman haber sido golpeadas por la policía.
Entre los 25 detenidos se encontraban dos miembros de la ONG de derechos humanos Vicaría de Solidaridad de Sicuani –Jaime Cesar Borda Pari y Romualdo Tito Pinto– y un líder comunitario –Sergio Huamani–, detenidos el 28 de mayo en el exterior del campamento Tintaya Marquiri por unos policías que dijeron haber encontrado 10 municiones de armas de fuego en el vehículo de la ONG.
Jaime Cesar Borda Pari y Romualdo Tito Pinto habían acudido al campamento minero junto con otros dos miembros de la Vicaría de Solidaridad de Sicuani, un fiscal local y Sergio Huamani para evaluar la situación de las personas detenidas allí por la policía. Quedaron en libertad el 30 de mayo, pero siguen sometidos a investigación en relación con las pruebas que, según afirman, fueron colocadas por la policía.
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