Cientos de indígenas que participan de la Marcha Plurinacional por el Agua, la Vida y la Dignidad de los Pueblos llegaron anoche a Uyunbicho, provincia de Pichincha, en su caminata que planea llegaron a Quito hoy 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Diferentes nacionalidades de indígenas y otras organizaciones sociales iniciaron una caminata el pasado 8 de marzo desde la provincia de Zamora con el fin de exigir al gobierno del presidente Rafael Correa que termine con el modelo neoliberal extractivista.
Convocados por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la principal organización indígena del Ecuador, el pueblo ecuatoriano reunido en la marcha rechaza el Plan Nacional de Desarrollo Minero, el cual promueve cinco proyecto estratégicos a cargo del capital extranjero: Mirador, Panantza – San Carlos, Quimsacocha, Fruta del Norte, Río Blanco.
De los mencionados, el proyecto Mirador fue firmado por el gobierno ecuatoriano con la empresa china Ecuacorrientes SA días antes de iniciada la marcha de los pueblos. Este proyecto representaría aproximadamente US$ 20 000, de los cuales sólo el 22% ingresará como renta al Estado.
Por otro lado, en materia petrolera, los indígenas reclaman que el gobierno haya entregado la producción de los campos maduros de Shushufindi y Libertador, hasta ahora a cargo de Petroecuador, a las empresas transnacionales Schlumberger, Tecpetrol y Sertecpet.
A ello se suma la implementación de una nueva matriz energética con un plan de construcción de represas hidroeléctricas y proyectos multipropósito para proveer energía para el procesamiento de la minería y garantizar el agua a las zonas agroindustriales.
Estos proyectos, como el Coca Codo Sinclair, inundarán miles de hectáreas de las zonas más fértiles y agrobiodiversas, y territorios indígenas y montubios como Villao, Río Grande, etc. especialmente en la Costa y la Amazonía, aseguran.
Delfín Tenesaca, presidente de la Confederación Kichwa del Ecuador (Ecuarunari), denunció la intención del gobierno de criminalizar la Marcha de los Pueblos acusándola de intentar desestabilizar la democracia.
“El gobierno no tiene voluntad política sino solo críticas, amenazas racistas, y está haciendo un llamado a la confrontación entre hermanos, intentando deslegitimar la protesta y acallar las demandas por acceso a la tierra, al agua, contra la explotación minera y al alto costo de la vida”, señaló.
Cambio de modelo de desarrollo
Frente a las políticas implementadas por el gobierno de Correa, los indígenas plantean un cambio en el modelo de desarrollo, que contemple ciertas exigencias como evitar la minería a gran escala en cumplimiento con el mandato minero.
Asimismo los indígenas piden la derogatoria de la Ley Minera, por considerarla inconstitucional. De la misma forma, piden la nulidad del contrato firmado con la empresa Ecuacorriente el pasado 5 de marzo.
En materia petrolera, la marcha pide la no ampliación de la frontera petrolera en la Amazonía. Asimismo, pide la no explotación de los bloques ITT y 31, por estar dentro del Parque Nacional Yasuní y territorio ancestral Waorani.
Por otro lado, la marcha exige la redistribución del agua mediante la urgente aprobación de una nueva ley de aguas; y una revolución agraria para lo cual es necesaria la aprobación de la Ley de tierras y la realización de la reforma agraria.
Convocados por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la principal organización indígena del Ecuador, el pueblo ecuatoriano reunido en la marcha rechaza el Plan Nacional de Desarrollo Minero, el cual promueve cinco proyecto estratégicos a cargo del capital extranjero: Mirador, Panantza – San Carlos, Quimsacocha, Fruta del Norte, Río Blanco.
De los mencionados, el proyecto Mirador fue firmado por el gobierno ecuatoriano con la empresa china Ecuacorrientes SA días antes de iniciada la marcha de los pueblos. Este proyecto representaría aproximadamente US$ 20 000, de los cuales sólo el 22% ingresará como renta al Estado.
Por otro lado, en materia petrolera, los indígenas reclaman que el gobierno haya entregado la producción de los campos maduros de Shushufindi y Libertador, hasta ahora a cargo de Petroecuador, a las empresas transnacionales Schlumberger, Tecpetrol y Sertecpet.
A ello se suma la implementación de una nueva matriz energética con un plan de construcción de represas hidroeléctricas y proyectos multipropósito para proveer energía para el procesamiento de la minería y garantizar el agua a las zonas agroindustriales.
Estos proyectos, como el Coca Codo Sinclair, inundarán miles de hectáreas de las zonas más fértiles y agrobiodiversas, y territorios indígenas y montubios como Villao, Río Grande, etc. especialmente en la Costa y la Amazonía, aseguran.
Delfín Tenesaca, presidente de la Confederación Kichwa del Ecuador (Ecuarunari), denunció la intención del gobierno de criminalizar la Marcha de los Pueblos acusándola de intentar desestabilizar la democracia.
“El gobierno no tiene voluntad política sino solo críticas, amenazas racistas, y está haciendo un llamado a la confrontación entre hermanos, intentando deslegitimar la protesta y acallar las demandas por acceso a la tierra, al agua, contra la explotación minera y al alto costo de la vida”, señaló.
Cambio de modelo de desarrollo
Frente a las políticas implementadas por el gobierno de Correa, los indígenas plantean un cambio en el modelo de desarrollo, que contemple ciertas exigencias como evitar la minería a gran escala en cumplimiento con el mandato minero.
Asimismo los indígenas piden la derogatoria de la Ley Minera, por considerarla inconstitucional. De la misma forma, piden la nulidad del contrato firmado con la empresa Ecuacorriente el pasado 5 de marzo.
En materia petrolera, la marcha pide la no ampliación de la frontera petrolera en la Amazonía. Asimismo, pide la no explotación de los bloques ITT y 31, por estar dentro del Parque Nacional Yasuní y territorio ancestral Waorani.
Por otro lado, la marcha exige la redistribución del agua mediante la urgente aprobación de una nueva ley de aguas; y una revolución agraria para lo cual es necesaria la aprobación de la Ley de tierras y la realización de la reforma agraria.
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