Según la Defensoría del Pueblo, 126 de los casos son de naturaleza
socioambiental, seguidos por los vinculados a asuntos vinculados al
Poder Ejecutivo a los gobiernos locales y a temas laborales.
La Unidad de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo informó hoy
que en el último mes de 2011 se contabilizaron 223 conflictos sociales,
de los cuales 149 se encontraban activos (67%) y 74 en estado latente
(33%).
El informe revela que Puno (21), Áncash (20) y Cajamarca (17) son los departamentos con un mayor número de conflictos sociales.
Del total de casos, 80 conflictos continuaron siendo tratados mediante procesos de diálogo (el 54% del número de casos activos); de ellos, 35 casos fueron objeto de trabajo en mesas de diálogo.
Con relación a los tipos de conflictos se precisa que 126 casos (56,5% del total) son de naturaleza socioambiental, seguidos por los vinculados a asuntos vinculados al Poder Ejecutivo (8,1%), a los gobiernos locales (7.6%) y a temas laborales (7.6%).
El documento da cuenta de siete conflictos sociales nuevos: cuatro de ellos son de carácter socioambiental, en las regiones Ancash y dos en Lima); dos corresponden a asuntos laborales, uno en Piura y otro en Lima; y uno involucra asuntos comunales (Ayacucho).
El reporte también informa que tres conflictos fueron resueltos: dos de carácter socioambiental y uno de naturaleza laboral. Asimismo, ocho conflictos sociales han pasado del estado activo al latente.
De otro lado, la Defensoría del Pueblo reiteró su exhortación a las autoridades nacionales, regionales y locales, así como a los dirigentes sociales, a desplegar todos sus esfuerzos para arribar a acuerdos sobre el mecanismo destinado a resolver la controversia en torno a los cuestionamientos del estudio de impacto ambiental del proyecto minero.
El informe revela que Puno (21), Áncash (20) y Cajamarca (17) son los departamentos con un mayor número de conflictos sociales.
Del total de casos, 80 conflictos continuaron siendo tratados mediante procesos de diálogo (el 54% del número de casos activos); de ellos, 35 casos fueron objeto de trabajo en mesas de diálogo.
Con relación a los tipos de conflictos se precisa que 126 casos (56,5% del total) son de naturaleza socioambiental, seguidos por los vinculados a asuntos vinculados al Poder Ejecutivo (8,1%), a los gobiernos locales (7.6%) y a temas laborales (7.6%).
El documento da cuenta de siete conflictos sociales nuevos: cuatro de ellos son de carácter socioambiental, en las regiones Ancash y dos en Lima); dos corresponden a asuntos laborales, uno en Piura y otro en Lima; y uno involucra asuntos comunales (Ayacucho).
El reporte también informa que tres conflictos fueron resueltos: dos de carácter socioambiental y uno de naturaleza laboral. Asimismo, ocho conflictos sociales han pasado del estado activo al latente.
De otro lado, la Defensoría del Pueblo reiteró su exhortación a las autoridades nacionales, regionales y locales, así como a los dirigentes sociales, a desplegar todos sus esfuerzos para arribar a acuerdos sobre el mecanismo destinado a resolver la controversia en torno a los cuestionamientos del estudio de impacto ambiental del proyecto minero.
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