El 2010 culminó para las mujeres con una agenda pendiente en materia de derechos humanos en opinión de la institución DEMUS, que a la vez consideró como uno de los acontecimientos más destacados del año la elección de la primera alcaldesa para la ciudad de Lima.
Colocó entre las deudas en relación a los derechos humanos de las peruanas la falta de una adecuada atención a la violencia de género y el feminicidio como su expresión extrema, que en el 2010 cobró la vida de 116 mujeres según su Observatorio de Medios, con lo cual se tiene que un promedio de 9 son asesinadas por hombres vinculados afectivamente a ellas.“El gobierno no ubicó este problema como prioritario y el Congreso que viene trabajando en la modificación de la ley de violencia familiar no ha cumplido con adecuar la norma a los estándares internacionales”, sostuvo la directora de DEMUS Jeannette Llaja Villena.
“No se ha destinado el presupuesto suficiente para la prevención, protección y atención y por tanto se ha mantenido la inseguridad y el riesgo para las mujeres”, remarcó la abogada. Otro hecho considerado por DEMUS fue la consolidación de la impunidad en el caso de las miles de mujeres esterilizadas contra su voluntad en el gobierno de Alberto Fujimori, lo que mereció en noviembre último la condena al Estado peruano por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras lo cual el silencio oficial fue estruendoso.
“Nosotras habíamos expresado nuestra preocupación por la alianza evidenciada entre el APRA y el fujimorismo. El saldo es el olvido frente a los derechos de justicia y reparación no solo para las peruanas forzadas a la esterilización, sino para quienes sufrieron la violencia sexual en el conflicto armado interno que vivió el Perú entre 1980 y el 2000”, sostuvo Llaja Villena.
Mencionó que las mujeres violentadas sexualmente no acceden aún a estos derechos a tal punto que 146 de las inscritas en el estatal Registro Único de Victimas han muerto en el olvido. También refirió que a lo largo del año la Comisión de Justicia y Derechos Humanos que preside el legislador Rolando Sousa ha mantenido congelado el proyecto de ley que amplía el Plan Integral de Reparaciones a las afectadas por las distintas formas de violencia sexual. La norma vigente reconoce únicamente a las que sufrieron violación sexual.
DEMUS opinó que otra deuda grave del 2010 es la ausencia del protocolo de atención para el aborto terapéutico, legal en el Perú desde 1929, y que pese a haber sido ofrecido públicamente por el ministro de Salud Oscar Ugarte en tres oportunidades, nunca llegó a ser aprobado debido a presiones de índole confesional.“De esta forma el Estado sumó en octubre cinco años de incumplimiento del dictamen del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas que lo exhortó a tomar las medidas necesarias para evitar que mujeres como KL sean forzadas a llevar embarazos de fetos anencefálicos poniendo en grave riesgo su vida, y su salud física y mental”, remarcó Llaja. Confiamos –añadió- en que el 2011 traiga a la población en general, y particularmente a las mujeres, mayor concreción de derechos en sus vidas.
0 comentarios :
Publicar un comentario