El recuerdo del caso Bagua ha coincidido con el evento de la OEA. Muchos de los notables visitantes se preguntarán por qué tanta violencia entre indígenas y Estado bajo un gobierno que da discursos sobre la paz externa.
Hay dos valiosos informes al respecto, fruto de sendas investigaciones. Uno de ellos suscrito por Jesús Manacés y María del Carmen Gómez, representantes de los indígenas en una Comisión Especial formada por el Ejecutivo. El otro es del congresista Guido Lombardi, presidente de una Comisión Investigadora del Congreso.
Son dos perspectivas distintas. Manacés es indígena awajún y profesor. Gómez es una religiosa española y educadora. Ambos, testigos prácticamente directos del drama del año pasado. Lombardi es congresista limeño (aunque originario de Tacna), de una bancada más bien de derechas, habitualmente defensora de las recetas neoliberales.
En ambos informes hay mucho rigor y detalle. Todas sus conclusiones se basan en información abundante. Y terminan coincidiendo en varias cuestiones de fondo sobre las causas del conflicto, del terrible suceso de violencia, y en sus recomendaciones finales.
Ambos coinciden en que las principales causas del conflicto han sido el arrebato de la seguridad jurídica que tiene la propiedad indígena sobre sus territorios, para beneficiar muchas inversiones, mayormente extractivas, mediante la dación de normas o leyes del Poder Ejecutivo o del Congreso, sin consulta con los pueblos indígenas.
También convergen en señalar responsabilidad política en los entonces ministros Mercedes Cabanillas y Yehude Simon y de Mercedes Aráoz, aún ministra. Señalan de igual modo cómo el propio presidente García exacerbó y polarizó el conflicto. A la vez, detallan la atroz insensatez del operativo policial que detonó la violencia.
Finalmente, aunque con distinta amplitud, coinciden en pedir la moratoria de exploraciones, explotaciones y concesiones extractivas mientras no se garantice la propiedad del territorio indígena y se realicen las consultas a que obligan los convenios internacionales. Ello, junto con reformas a favor del diálogo permanente y de buena fe entre gobierno y representantes indígenas.
Dos informes, por tanto, que convergen desde dos perspectivas, y nos ayudan a forjar consensos para la paz interna.
Hay dos valiosos informes al respecto, fruto de sendas investigaciones. Uno de ellos suscrito por Jesús Manacés y María del Carmen Gómez, representantes de los indígenas en una Comisión Especial formada por el Ejecutivo. El otro es del congresista Guido Lombardi, presidente de una Comisión Investigadora del Congreso.
Son dos perspectivas distintas. Manacés es indígena awajún y profesor. Gómez es una religiosa española y educadora. Ambos, testigos prácticamente directos del drama del año pasado. Lombardi es congresista limeño (aunque originario de Tacna), de una bancada más bien de derechas, habitualmente defensora de las recetas neoliberales.
En ambos informes hay mucho rigor y detalle. Todas sus conclusiones se basan en información abundante. Y terminan coincidiendo en varias cuestiones de fondo sobre las causas del conflicto, del terrible suceso de violencia, y en sus recomendaciones finales.
Ambos coinciden en que las principales causas del conflicto han sido el arrebato de la seguridad jurídica que tiene la propiedad indígena sobre sus territorios, para beneficiar muchas inversiones, mayormente extractivas, mediante la dación de normas o leyes del Poder Ejecutivo o del Congreso, sin consulta con los pueblos indígenas.
También convergen en señalar responsabilidad política en los entonces ministros Mercedes Cabanillas y Yehude Simon y de Mercedes Aráoz, aún ministra. Señalan de igual modo cómo el propio presidente García exacerbó y polarizó el conflicto. A la vez, detallan la atroz insensatez del operativo policial que detonó la violencia.
Finalmente, aunque con distinta amplitud, coinciden en pedir la moratoria de exploraciones, explotaciones y concesiones extractivas mientras no se garantice la propiedad del territorio indígena y se realicen las consultas a que obligan los convenios internacionales. Ello, junto con reformas a favor del diálogo permanente y de buena fe entre gobierno y representantes indígenas.
Dos informes, por tanto, que convergen desde dos perspectivas, y nos ayudan a forjar consensos para la paz interna.
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