Ayer, en la sede de Conveagro, los representantes de diversas agrupaciones pidieron al gobierno la inmediata derogatoria del decreto en cuestión. Plantearon además trabajar la reglamentación consensuada de la Ley de Bioseguridad.
Anunciaron que demandarán al Congreso la aprobación del proyecto de ley que dispone una moratoria de 15 años para el ingreso de organismos vivos modificados.
Acordaron además presentar una medida cautelar ante el Tribunal Constitucional advirtiendo los riesgos a la biodiversidad, al ambiente y a la actividad agropecuaria de la norma aprobada por el ministerio de Agricultura (Minag).
Asimismo, señalaron que solicitarán al ministro del Ambiente, Antonio Brack, aclare el supuesto consenso logrado entre su cartera y el Minag.
Entre los firmantes figuran la Plataforma País Libre de Transgénicos, la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec), la Red de Agricultura Ecológica (RAE), la Red de Acción en Agricultura Alternativa (RAAA), la Asociación Nacional de Productores Ecológicos del Perú (ANPE), y Forum Solidaridad Perú.
Suscribieron el pedido además la Asociación Médica Peruana, el Colegio de Ingenieros de Lima (Capítulo Agronomía), el Colegio de Sociólogos, la Asociación Peruana de Ingenieros Agrarios, y el Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (Mocicc).
En tanto, a través de un comunicado, las organizaciones indígenas y campesinas que integran el Pacto Nacional de Organizaciones Andinas, Amazónicas y Costeñas pidieron la nulidad del reglamento aprobado por el Minag, que pone en riesgo la biodiversidad, seguridad alimentaria y salud del país.
Indicaron que las semillas transgénicas perjudicarán directamente la pequeña agricultura, actividad de sustento de miles de familias indígenas y campesinas. Como se sabe, el 60 por ciento de los alimentos que se consumen en las ciudades son generados por los pequeños agricultores.
El Pacto lo integran la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), la Confederación Nacional Agraria (CNA) y la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (Conacami).
Igualmente, lo conforman la Confederación Campesina del Perú (CCP), y la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (Onamiap).
Conflicto de intereses
Frente a la posición de Aspec, que consideró como “una bomba de tiempo” el Decreto Supremo 003-2011-MINAG, William Vivanco, asesor del Minag, sostuvo que este reglamento no abre la puerta al ingreso de los productos transgénicos, pues estos ya ingresan al país desde hace 10 años.
Agregó que su finalidad es regular el ingreso de semillas transgénicas para siembra, y dejó en claro la posición del ministerio: “Necesitamos tecnología para producir y obtener seguridad alimentaria con nuestros propios agricultores”.
Otros de los graves cuestionamientos del reglamento es la manera cómo el ente máximo del sector Agricultura lo expidió, sin un debate público y sin el conocimiento de los sectores involucrados en el tema, lo que deja entrever un conflicto de intereses.
“Son lobbies de algunas personas y pequeños grupos de empresas que están detrás de este tema y de desnaturalizar por ejemplo el etiquetado de los productos que contienen componentes transgénicos”, asegura el virtual congresista electo por Gana Perú y ex presidente de Aspec, Jaime Delgado, en entrevista al diario La República.
Reynaldo Trinidad, experto en temas agrícolas, afirmó que el ministro Benavides es el gran impulsor de esta medida. El actual asesor del Minag, Alexander Grobman, fue asesor ad honorem de Benavides cuando fue ministro de Agricultura y es reconocido promotor de los transgénicos.
Añadió que el jefe de gabinete de asesores del Minag, Dow Hers Seiner Kertman, es socio empresarial tanto de Benavides como de Grobman. Precisamente, en declaraciones a la prensa efectuadas ayer, Hers Seiner defendió el reglamento de Bioseguridad y descartó que se derogue.
“Confiemos en el desarrollo y en la ciencia. Debemos incluirnos en un mundo globalizado. Quien no lo hace pierde y nadie puede garantizarnos que no consumimos transgénicos”, dijo Hers Seiner.
Tema intersectorial
Existen varios organismos nacionales competentes en la regulación de los OGM o transgénicos, cuya participación es esencial en la formulación de un reglamento consensuado. En primer lugar, figura el ministerio del Ambiente, que es la entidad focal del Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad.
El rol del Ministerio de Agricultura, es a través del Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA) para lo referente a los recursos genéticos agrarios. Mientras que el Ministerio de la Producción, a través del Viceministerio de Pesquería, interviene en lo que se refiera a los recursos genéticos hidrobiológicos.
Por último, le corresponde al Ministerio de Salud, a través de La Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) ver lo concerniente a la salud humana. Cada uno de los organismos sectoriales debe tomar las medidas necesarias para implementar todo lo necesario a fin de poder controlar los OGM en el país.
Sin embargo, ninguno de estos organismos está debidamente implementado para esta delicada tarea. Así, lo indica un documento publicado hoy en la página web del Minam, titulado “El Perú no necesita transgénicos importados: reflexiones para una política nacional”, que es firmado por el titular de esa cartera.
Ese aspecto también fue observado por la bióloga y catedrática de la Universidad Agraria, Antonietta Gutiérrez-Rosati, quien señaló que el INIA –entidad encargada del monitoreo de las semillas alteradas– no cuenta con capacidad técnica o tecnología, ni con profesionales idóneos para efectuar esa labor.
“Este reglamento resta presencia al Ministerio del Ambiente en la aceptación o negación de los permisos para los cultivos transgénicos al incluir solo un miembro en el grupo técnico sectorial (GTS)”, sostuvo.
El reglamento establece un “Grupo Técnico Sectorial” integrado por un representante del INIA, del Minam, de la Dirección General de Asuntos Ambientales (DGAA), del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), y dos expertos en bioseguridad designados por las universidades con especialidades relacionadas al sector agricultura.
Datos:
• Los OGM pueden ser vivos o procesados, entre otros. Entre los primeros se encuentran los peces ornamentales y semillas y son los más peligrosos porque pueden contaminar las especies nativas y afectar la biodiversidad. En tanto, los de tipo procesado se vinculan al tema del etiquetado, que no se aplica en la actualidad y que impide que los consumidores sepan si consumen productos que incluyen insumos transgénicos.
• Los cultivos transgénicos se encuentran manejados por un pequeño grupo de transnacionales –con predominancia de la Monsanto–, las cuales controlan las patentes de los OGM y los plaguicidas que requieren. Se trata de un negocio que mueve 15 mil millones de dólares al año.
Enlace:
El Perú no necesita transgénicos importados: reflexiones para una política nacional, del ministro del Ambiente, Antonio Brack.
http://www.minam.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=722:el-peru-no-necesita-transgenicos-importados&catid=22:biodiversidad
lamentable, la desicion del ministerio de agricultura, con la anuencia del Sr. alan garcía. los grandes lobbies, ya emitieron este decreto que permite el ingreso de transgenicos, que en el largo plazo desaparecerá a nuestros principales cultivos andinos como la papa nativa, maíz, cebada, quinua etc.
ResponderEliminariniciemos una cruzada junto con los pequeños productores agrarios de la región Puno, a fin de que se derogue dicho decreto. así mismo exigir la renuncia de los funcionarios del MINAG, que son parte de estos lobies, encabezados por este Sr. Benavides ministro de Economía.
Atte
Juan Jose Vega